En los últimos años, los periodistas y los medios fueron no sólo blancos de agresiones físicas y verbales y ataques de distintos sectores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, sino, responsabilizados frecuentemente por los más altos dignatarios del Estado y distintas autoridades públicas de distorsionar sus declaraciones o de mentir, cuando eran ellos los que formulaban contradictorias versiones.Los periodistas y los medios hemos sido blanco de la incomprensión y de la intolerancia de las autoridades que se resisten a cumplir con los convenios internacionales sobre el respeto a la libertad de prensa y expresión.
En este 3 de mayo, la ANP:
1. Exhorta a todas las organizaciones periodísticas del país a mantenerse sólidamente unidas y vigilantes sobre los atentados que de aquí en más pueda sufrir el periodismo y a asumir una sólida defensa contra una eventual ley de medios que mutile la libertad de expresión.
2. Demanda a los órganos Ejecutivo y Legislativo abstenerse de promover cualquier ley sobre medios que de alguna manera coarte la libertad de expresión consagrada en las leyes internacionales suscritas y refrendadas por nuestro país.
3. Exige, por el contrario, despenalizar para el periodismo los delitos de desacato y difamación de funcionarios públicos, como lo mandan organismos supranacionales, como un avance en el proceso de consolidación democrática del Estado Plurinacional de Bolivia.
4. En ese mismo sentido pide a la Asamblea Legislativa que, en cumplimiento de las convenciones sobre la Lucha Contra Corrupción de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, adopte los instrumentos jurídicos necesarios que pongan en real vigencia la también libertad fundamental de Acceso a la Información y que Bolivia deje de ser uno de los pocos países del mundo democrático que carezca de ese instrumento.
5. La ANP exige a las autoridades gubernamentales y judiciales iniciar de una vez las investigaciones para procesar y sancionar a los policías que agredieron a periodistas en los últimos años.
6. Demanda que el Ministerio Público investigue al capitán Walter Andrade, quien dirigió el grupo policial de la UTARC que el 3 de septiembre de 2009 disparó contra los periodistas de la red UNITEL; al subteniente Georges Nava, acusado de haber sido el autor de la bomba colocada contra un canal de televisión de Yacuiba y a los policías que el 26 de noviembre de 2009, dispararon sus armas contra reporteras de la red PAT, en Santa Cruz de la Sierra, hiriendo en la pierna a su chofer.
7. Los autores intelectuales y materiales de estos hechos que constituyen flagrantes atentados contra la mayor de las libertades: la de expresión y de prensa, no pueden quedar impunes.
8. Tampoco deben quedar en la impunidad los salvajes asesinatos de los periodistas Carlos Quispe Quispe y Juan Carlos Encinas.
La Paz, 3 de mayo de 2010
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