La SIP dice que Evo socavó la libertad de prensa en Bolivia

Madrid, La Paz / EFE, La Prensa.- Los "cada vez más frecuentes ataques verbales del Gobierno, especialmente del presidente Evo Morales, contra los periodistas, la prensa y sus propietarios han socavado la libertad de prensa y expresión en Bolivia en los anteriores meses. Así se puso de relieve en el informe sobre el país, presentado ayer ante la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que celebra estos días en Madrid su 64 Asamblea General.

El Gobierno, a través del vocero Iván Canelas, dijo que existe discrepancia con el organismo, ya que está formado por los propietarios de los medios de comunicación y no así por los periodistas. La SIP agrupa a medio millar de propietarios y directores de medios del mundo. Los ataques a la prensa, destaca el informe, "se intensificaron en la medida en que se deterioraba aún más la situación política, económica, social y regional, y la relación entre el poder constituido y opositores en cinco departamentos del país".

"El Gobierno ha avanzado significativamente en su propósito de controlar la información, especialmente en los sectores rurales y en vísperas de los referendos autonómicos efectuados desde el 4 de mayo, en Santa Cruz, hasta el 22 de junio, en Tarija". El propósito, según la SIP, era evitar que las poblaciones de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija "aprobaran sus estatutos autonómicos, después de que en otro referéndum anterior optaran por la autonomía de sus departamentos". El documento llamó la atención sobre el hecho de que para el referéndum revocatorio de los mandatos de presidente, vicepresidente y prefectos departamentales del 10 de agosto "el canal estatal de televisión instaló 20 repetidoras en todo el país para llegar a todos los rincones con la publicidad a favor del Gobierno".

"Las irregularidades consistieron en que el Gobierno, en la práctica, despojó de su carácter estatal a la Tv boliviana y a la red de radio emisoras Patria Nueva para ponerlas al servicio del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), se añadió. La SIP lamentó también que estas "campañas proselitistas" agudizaron los ataques contra medios y periodistas. "Inicialmente fueron grupos oficialistas los que atacaron a los medios privados y golpearon en reiteradas ocasiones a periodistas independientes". "Los ataques verbales del Gobierno a la prensa, que derivan casi siempre en agresiones de sus seguidores a periodistas y medios, son consecuencia de una presunta estrategia de, primero, desprestigiar a la prensa, para que después la sociedad no le crea", se afirmó.

Canelas aseguró que en el país se respeta la libertad de expresión y que todo el mundo tiene derecho de decir lo que quiera. En todo caso advirtió de que en ocasiones hay un libertinaje en este sentido. El informe de la SIP recuerda que el presidente Morales dijo en un discurso que la prensa miente y que por eso la población "no le ha de creer". Para la SIP, "el Gobierno se resiste a aceptar la crítica de los medios a sus acciones alejadas de la ley, y por eso no se cansa de señalar que la prensa es su enemiga". El informe documenta los casos de violencia contra profesionales de los medios, empezando por la brutal agresión que sufrió en marzo en Pucarani el periodista Carlos Quispe, quien murió dos días después, a manos de campesinos opositores al Alcalde de esa localidad que asaltaron las instalaciones de la Radio Municipal. "Las autoridades policiales y judiciales poco hicieron para dar con los autores del crimen".
A partir de esa fecha, añade, "por lo menos un centenar de periodistas de medios privados de prensa, radio y televisión fue blanco de diversos tipos de ataque".

Habla el Defensor
El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, recordó que toda democracia "permite que exista libertad de expresión y pensamiento, a la libertad de información" y por eso cualquier autoridad debe tener predisposición para tolerar la acción de la prensa. El problema es que el Gobierno no asume con tolerancia las críticas. "El desafío está en la autoridad, porque no vas a pretender que todos los medios te aplaudan, porque la subordinación no es sinónimo de libertad de prensa". Reconoció que algunos medios se muestran radicales contra el Gobierno, aunque los estatales sobredimensionan "las presuntas virtudes" del Ejecutivo.

La Asociación de la Prensa contó 206 ataques
El director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa, Javier Zeballos, coincidió con el informe del organismo internacional y aseguró que las palabras del Presidente han generado que algunos de sus seguidores agredan físicamente a periodistas y ataquen a medios de comunicación. Opinó que lo que busca el Primer Mandatario es restar credibilidad a los medios de comunicación, acusándolos de estar "al servicio de la Embajada de Estados Unidos", o indicar que son "sus enemigos, o que los periodistas estaban pagados". Agregó que de enero a septiembre de este año, la asociación ha contado 206 ataques y agresiones a trabajadores de la prensa y 54 acciones contra medios de comunicación. "Estos ataques han generado reacciones en los opositores (al Gobierno) que han buscado una especie de "revancha"con los medios estatales, canal 7, Red Patria Nueva y radio Aclo".

"Control social"
El "control social" contra los periodistas, consignado en el anteproyecto de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), comenzó a ser aplicado "de facto" al multiplicarse agresiones en todo el país, en medio de una batalla política de propaganda entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y los prefectos de la media luna (Santa Cruz, Pando, Tarija y Beni). Según el Observatorio Nacional de Medios (Onadem), entre el 1 de junio de 2007 y el 21 de agosto de este año se registraron 117 agresiones y 16 (13,6 por ciento) figuran como denunciadas a las instancias policiales y judiciales. En el lapso estudiado no se ha conocido ninguna sanción legal a los agresores.

El 24 de septiembre, en medio de la protesta de un grupo de estudiantes de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en las puertas de la cárcel de San Pedro contra el ex prefecto Leopoldo Fernández, dos oradores lanzaron una especie de proclama con la cual amenazaron a los periodistas. Parte de la arenga decía: "Con la nueva Constitución Política del Estado se cambiará la Ley de Imprenta de 1925, y con ella todas las prerrogativas de la prensa neoliberal y mentirosa" El texto constitucional con el que el presidente Evo Morales quiere "refundar" Bolivia establece en su artículo 108 que "la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad".

Otros artículos cuestionados son: el 107 (Comunicación Social), 236 (Acción popular) y el 242 (Participación y Control Social) y la octava parte, entre otros. El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Ronald Grebe, explicó que veracidad y responsabilidad son "principios éticos" que, al incorporarse a una constitución, "se convierten en jurídicos y sujetos de origen para leyes que coarten la libertad de expresión", no solo para los periodistas, sino para los ciudadanos. Grebe informó que se envió una carta a la mesa de dialogo en Cochabamba, donde solicitaron que eliminen los términos "veracidad y responsabilidad". Sin embargo, no se ha recibido respuesta alguna hasta la fecha.