La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) religió como presidente de su directiva al periodista Ronald Grebe, y el cruceño Daniel Castro asumió la vicepresidencia; mientras que el Tribunal de Honor está encabezado por Julio César Caballero.
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| Trabajadoresde la prensa de todo el país asistieron al VIII Congreso de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia |
El VIII Congreso de los periodistas del país, realizado el pasado 22 y 23 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, fue categórico al denunciar el mal trato que reciben los trabajadores de la prensa en su cobertura diaria y la falta de interés de los funcionarios publicos en facilitar información que es de interés de la ciudadanía, pero que afecta la gestión gubernamental por tratarse de hechos de corrupción o de incumplimiento de deberes públicos.
En un documento titulado ¨Declaración de Santa Cruz¨, se insta a garantizar el ejercicio periodístico tal como lo establece la legislación vigente y se convoca a respetar la institucionalidad democrática con el fin de llegar a las próximas elecciones en un clima de paz social.
Ronald Grebe, que fue reelecto junto a la directiva cuya gestión regirá hasta 2016, explicó que mediante este manifiesto, los participantes procedentes de los nueve departamentos expresaron su preocupación por el deterioro de las relaciones entre la prensa y el poder en los últimos años.
Grebe explicó que aunque no se hizo una estadística exacta de los hechos violentos se recordó, por ejemplo, el asesinato de un periodista en el pueblo de Escoma; el ataque contra otro colega en Yacuiba; las agresiones contra los editores del Sol de Pando; y los juicios iniciados a Página Siete, El Diario y Agencia de Noticias Fides.
Grebe precisó que el deterioro no solo ocurre con el sector oficialista del poder, sino también con la oposición, y se da en los ámbitos de poder nacional, departamental y municipal.
El documento insta a la comunidad a trabajar por una reconciliación con miras a las elecciones de 2014 y a buscar una relacion entre la prensa y el poder que se dé respetando los derechos humanos y la libertad de trabajo.
DIRECTIVA GESTIÓN 2013-2016
Presidente: Ronald Grebe, La Paz
Vicepresidente: Daniel Castro, Santa Cruz
Secretario General: René Carvajal, La Paz
Secretario de Relaciones: Rodolfo Lizarazu, Potosí
Secretario de Registro: Jorge Lazzo, Oruro
Secretaria de Hacienda: Lidia Campos, Tarija
Vocal: Rosario Rocabado, Chuquisaca
Tribunal de Honor
Julio César Caballero, Santa Cruz
Carlos Arce, Pando
José Luis Zabalaga, Potosí
Pedro Glasinovic, La Paz
Julián Vedia, Chuquisaca
Declaración de Santa Cruz
Las relaciones entre la prensa y el poder
políticamente constituido en todos sus niveles de gobierno, nacional, departamental
y municipal, se ha deteriorado visiblemente en los últimos años, cada vez son
más los casos de agresiones a los periodistas y los medios de comunicación, en
los que la acusación permanente es la supuesta oposición política, ya sea desde
el oficialismo o desde la oposición, situación que, incluso vulnerando los
Derechos Constitucionales y los instrumentos normativos de protección de
Derechos Humanos, atenta directamente contra la libertad de expresión como
manifestación legítima del ejercicio democrático.
En este sentido, es posible observar las siguientes
restricciones y limitaciones al ejercicio periodístico:
·
Trato discrecional de las
fuentes oficiales hacia los periodistas que son considerados opositores, tal
valoración está relacionada con la cobertura de acontecimientos que tocan
aspectos sensibles a la órbita de poder. Las vocerías institucionales niegan
acceso a la información pública, utilizando una prelación arbitraria a la hora
de bridar información.
·
Discriminación en el ingreso
de los periodistas a las conferencias de prensa, separando a los medios entre
“amigos” y “enemigos”.
·
Evidente intolerancia a la
crítica y el disenso, de parte de las autoridades gubernamentales en todos sus
niveles.
·
Se pone en riesgo la
seguridad jurídica de los medios de comunicación social cuando la asignación de
la propaganda gubernamental nacional, departamental y municipal, está
condicionada al favor de los intereses políticos de las autoridades en turno.
·
Evidente restricción del
derecho de acceso a la información pública relacionada con la administración de
los recursos y la gestión pública.
·
Permanentes y crecientes
agresiones en contra de periodistas, hechos que no solo vienen desde el poder
político constituido, sino también desde las organizaciones sociales afines y
hostiles al gobierno en sus distintos niveles.
·
Impunidad y retraso en el
esclarecimiento de los hechos delictivos y denuncias que afectan a medios de
comunicación y periodistas.
·
Contrataciones laborales
contrarias a las disposiciones legales que rigen al ejercicio legal de la
profesión periodística, establecidas en la Ley 494.
·
Tendencia al oligopolio en la
propiedad de los medios de comunicación, venida desde el oficialismo y otros
sectores.
Frente a la situación descrita, el VIII Congreso
Nacional de Periodistas de Bolivia, reunido en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, declara:
El acoso de los círculos de poder hacia los medios de
comunicación y los periodistas nos hace ver que es necesario que toda Bolivia
reflexione sobre la necesidad de ponerle punto final a los discursos y acciones
violentas que perturban la paz, las leyes, el estado de derecho y la
democracia. Esta reflexión debe llevarnos a tomar conciencia de la necesidad de
una reconciliación plena, de un reencuentro de todos los bolivianos por encima
de las posiciones doctrinales y de los intereses secundarios, que nos haga
llegar responsables y serenos a la próxima cita electoral.
La paz, aun si los periodistas no lo dijésemos, emana
de una reflexión sobre la administración responsable del poder. Cuando es
administrado en beneficio de sectores privilegiados los resultados nunca han
sido positivos para la convivencia nacional y para la democracia. Como tampoco
pasa por alto la responsabilidad ética y moral de los servidores públicos.
Para los periodistas la democracia que vivimos es un
mandato del pueblo, de ese pueblo que no escatimó esfuerzos y expuso su vida
para rescatar el Estado de Derecho de aquellos grupos que al amparo de la
fuerza del propio Estado lo expusieron a la arbitrariedad, a la ilegalidad y la
dictadura.
Nos vemos obligados a recordar a los políticos del
país que el pueblo ha luchado también por la libertad plena de pensamiento,
expresión y de prensa, por tanto, reafirmamos nuestra defensa intransigente de
estas libertades, ratificando además la plena vigencia de la Ley de Imprenta.
Es dado en la Sala de sesiones del VIII Congreso
Nacional de Periodistas realizado el 22 y 23 de noviembre de 2013.
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