Ley de imprenta cumple 88 años de vigencia

Durante la pasada gestión el Gobierno de Evo Morales ha reavivado el debate sobre la vigencia y aplicación de la ley de imprenta con el inicio de procesos penales contra medios de comunicación al margen de esta norma vigente desde el 19 de enero de 1925.

La Paz, 18 ene (ANF).- La ley de imprenta cumple este sábado 88 años de vigencia y al igual que en otras épocas en el Gobierno de Evo Morales se volvió a insinuar una supuesta inaplicabilidad de la norma. En tanto para las organizaciones de la prensa es un patrimonio y una garantía para la libertad de expresión y la democracia.

La Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) ratificó su “firme compromiso” para de defender esta norma ante cualquier intento de “amordazamiento” que en fondo lo que haría es dañar la democracia boliviana.

“Al recordar los 88 años de vigencia de la Ley de Imprenta de 19 de enero de 1925 y pese a los innumerables intentos de anular, y restringir las libertades de los Trabajadores de la Prensa del país, nos constituimos una vez más para defender la Ley que otorga al ciudadano, el derecho constitucional de hacer prevalecer las libertades y garantías”, señala un comunicado de esta organización sindical.
En ese sentido, insta al Estado boliviano a garantizar las libertades y adoptar por una política encaminada a consolidar el trabajo de los comunicadores sociales y promover la pluralidad de las fuentes de información, permitiendo la existencia de un debate abierto con ideas y opiniones y sin ningún tipo de restricciones.
“La vigencia de le Ley de Imprenta como mecanismo jurídico, debe mantener su espíritu y otorgar libertades sin ningún tipos de censuras, orientadas al respeto de la fuente y al criterio de quien la emite”, acota el documento.
La Ley el gobierno de Evo Morales

Durante la gestión 2012 el Gobierno de Evo Morales puso en debate la necesidad de formular una nueva ley que regule el trabajo de los medios de comunicación. La propuesta surgió en la cumbre social que organizó el Ejecutivo con participación masiva de los movimientos sociales afines a esta gestión de Gobierno.
Según las organizaciones de defensa de la prensa, el gobierno de Evo Morales tiene la firme intención de regular los contenidos de los medios de comunicación con una estructura jurídica que limitaría la libertad de expresión. Los periodistas bolivianos identificaron a dos artículos de la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, como el ejemplo más claro, de mecanismo legal que afecta a labor periodística.
El gobierno de Evo Morales inició en 2012 un proceso penal contra la Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos El Diario y Página Siete por la publicación de una declaración del presidente Evo Morales sobre los habitantes del oriente y la flojera, bajo el argumento que esas publicaciones “incitan al racismo”. La acción legal que asumió el Gobierno fue repudiada en distintos espacios nacionales e internacionales.