El Gobierno de Evo Morales demanda a la Agencia de Noticias Fides (ANF), “Página Siete” y “El Diario” por “difusión e incitación al racismo o la discriminación”

El abogado del Gobierno acusa a los tres medios de “generar un enfrentamiento y consecuentemente un odio racial y discriminación entre bolivianos”, y de provocar “airadas reacciones de las autoridades y población de Santa Cruz, con repercusión nacional, poniendo de esta manera en peligro la unidad del Estado Plurinacional”.

El gobierno acusó inicialmente a ANF de haber “distorsionado” el discurso que pronunció el mandatario en Tiahuanacu, al difundir la versión de las palabras del mandatario bajo el título: “Evo dice que si se hambrea en el oriente es por ‘flojera’”.

Trascribimos a continuación las definiciones de “flojo” y “flojera” de la Real Academia de la Lengua (RAE):

Flojo, ja.: Perezoso, negligente, descuidado. Flojera.  Pereza, negligencia o descuido.

La Paz, 24 Ago. (ANF) - El Gobierno del presidente Evo Morales demandó a la Agencia de Noticias Fides (ANF) y a los periódicos “Página Siete” y “El Diario” por el supuesto delito de “difusión e incitación al racismo o la discriminación”, anunció este viernes el viceministro de Coordinación Gubernamental, Javier Baldivieso

En su requerimiento a la Fiscalía, el jefe de la Unidad de Gestión Jurídica, Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia, Juan Marcelo Zurita Pabón, acusó a los tres medios de “generar un enfrentamiento y consecuentemente un odio racial y discriminación entre bolivianos”, y de provocar “airadas reacciones de las autoridades y población de Santa Cruz, con repercusión nacional, poniendo de esta manera en peligro la unidad del Estado Plurinacional”.

Por su parte, el viceministro Baldivieso acusó a los medios demandados de haber “generado de alguna manera una confrontación, una desavenencia entre los ciudadanos del oriente y el occidente”, al titular una nota sobre el discurso que pronunció el presidente Evo Morales en Tiahuanacu, el 15 de agosto pasado, de manera supuestamente “distorsionada”.

En esa ocasión, el presidente Morales dijo textualmente: “En el oriente boliviano, donde todo el año se produce, yo digo solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no poder tener alimento, mientras en el Altiplano es diferente: si hay helada, si no hay lluvia, si hay granizada, no hay alimento, es una verdad eso, pero en el oriente no, sólo por flojos podemos hambrear”.

El gobierno acusó la semana pasada a ANF de haber “distorsionado” al difundir la versión de las palabras del mandatario bajo el título: “Evo dice que si se hambrea en el oriente es por ‘flojera’”.

Consultado sobre la “distorsión” en que habrían incurrido los medios, el viceministro Baldivieso respondió: “Nosotros nos hacemos directamente referencia a los titulares. Página Siete indicó en aquella fecha, el día siguiente del 15 de agosto, que ‘Evo acusa de flojos a los habitantes del Oriente’; El Diario de una forma similar dice: ‘Morales opina que el oriental es flojo y le critican por discriminador’”.

Según el funcionario, los medios acusados han “intentando generar de forma dolosa, a través de estos dos titulares de estos dos medios de comunicación, y obviamente la información que genera la ANF, en una confrontación racial entre el oriente y el occidente por un tema que en ningún momento de su discurso el presidente ha mencionado”.

“En ningún momento del discurso del presidente Evo Morales se ha hecho referencia a ningún tema de flojera; ustedes pueden constatar en las declaraciones de nuestro mandatario, en su discurso, y nosotros consideramos que hay un sentido doloso de estos dos titulares, del los dos medios de prensa mencionados anteriormente, que lo único que están buscando es una confrontación entre el oriente y el occidente”, agregó.

En el requerimiento, el abogado del Gobierno dice que en ningún momento el presidente Evo Morales tildó “a ninguno de los pobladores de región alguna de flojos”.

“Tenemos que la tergiversación hecha por los medios de comunicación, especialmente por la Agencia de Noticias Fides ANF, reproducido en los medios escritos antes señalados, tratan de hacer del Presidente una especie de figura Anti-Cruceña o Anti-Oriental, aprovechando maliciosamente la condición de indígena del Presidente, cuando jamás se ocuparon de contextualizar el discurso, sino reprodujeron frases armadas a conveniencia”, afirma en su escrito.

Asimismo, dice que “extrañamente” los medios demandados no reprodujeron otras “reflexiones” que hizo el mandatario en el mismo discurso, “lo que hace pensar de la plena intencionalidad y dolo de su actuar para provocar odios raciales basados en elementos discriminatorios, inventados, porque nunca salieron de las palabras del señor Presidente”

El abogado pasa por alto que la Agencia Fides emitió un primer informe sobre el discurso del presidente Morales, transmitido a las 11:15 de la mañana, en el que reprodujo sus propuestas y planteamientos, y que difundió las polémicas palabras del mandatario recién a las 19:39 de la tarde, horas después de las reacciones suscitadas por los conceptos presidenciales, incluida la de la Gobernación de Santa Cruz, que salió una hora antes.

Baldivieso dijo que el ministerio de la Presidencia ha presentado la denuncia el 21 de agosto pasado por considerar que dichos medios incurrieron en un “delito de orden público”.

Ante la pregunta de los periodistas, dijo que el caso no amerita su procesamiento por la Ley de Imprenta que ampara el trabajo de los medios y los periodistas.

“Nosotros hemos mandado una denuncia el día 21 de agosto, como les indicaba anteriormente, para que las autoridades competentes investiguen acerca de la probable comisión del delito de difusión en situación al racismo o a la discriminación”, dijo el funcionario.

La demanda interpuesta por el Gobierno es contra el “representante legal y/o responsables y editores” de las notas de los tres medios.

Pronunciamiento de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, FSTPSC

 La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz (FSTPSC) al pueblo boliviano hace suya las palabras de la Presidente de Brasil Dilma Roussef : “Prefiero la bulla de la prensa independiente, que el silencio de la dictadura”.
Cuando se pierde el sentido de la razón se acude al abuso del poder y se arremete. Se amedrenta y se amenaza con llevar a la cárcel a quien no piensa igual que los gobernante y ahora a la prensa, porque siempre la actividad periodística estorba a los dictadores y a los gobierno democráticos.
La democracia se sustenta en uno de sus pilares fundamentales, libertad de expresión y derecho a informar y a ser informado, ante la querella criminal planteada por parte del Gobierno Central la FSTPSC se pronuncia:

1.- La ANF es una empresa periodística que desde hace 49 años viene realizando un trabajo informativo serio, responsable, del cual sus abonados dan fe de este trabajo y ha informado en dictadura y en democracia.
2.- Condenamos el uso abusivo del poder por parte del Gobierno Central al pretender acallar el periodismo, decirles que no tendrá periodistas serviles al gobierno, porque los periodistas reflejan su trabajo sobre la base de los hechos así como el contraste de fuentes.
3.- La FSTPSC rechaza tajantemente la querella criminal planteada por el Gobierno Central, a través del Ministro de la Presidencia, a la Agencia de Noticias Fides (ANF) porque atenta el trabajo periodístico independiente y atenta el derecho a informar y ser informado y exige al Gobierno Nacional respetar la labor periodística que cada medio de comunicación realiza en beneficio de la democracia y de la sociedad boliviana.
4.- Exigimos que los gobernantes se dediquen a gobernar y a gobernar bien velando por el bienestar de cada uno de los bolivianos y bolivianas
5.- La Federación de la Prensa ratifica su apoyo al trabajo de la Agencia de Noticias Fides y sus periodistas.

No hay democracia sin periodismo independiente.
Santa Cruz de la Sierra, agosto de 2012
El Directorio

CENSO: INE dice que se permitirá que ciudadanos se registren como mestizos y serán contabilizados

ERBOL 23 de agosto : 16:14

El Director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Ricardo Laruta, aseguró este jueves que la población, si así lo desea, podrá declararse “mestiza” al momento de responder la pregunta 29 de la boleta censal el próximo 21 de noviembre.
La explicación del funcionario establece que la interrogante, referida a la pertenencia cultural de las personas a alguna nación indígena originaria, es abierta por lo que posibilita la autoidentificación “mestizo”; dato que será considerado en los resultados del censo.
“Sabemos que la denominación de mestizo es un concepto totalmente racial y en este caso la pregunta 29 esta conteniendo un aspecto cultural, entonces, de todas maneras, a pesar de que se ha hecho esta aclaración en repetidas veces, sí la población quiere anotarse (como mestiza) se lo anotará y se va a tomar en cuenta (en los resultados)”, afirmó Laruta.
La máxima autoridad del INE reiteró que al tener la pregunta un carácter abierto, cualquier ciudadano que declare una nación o categoría que no esté contemplada en el cuestionario, el empadronador “tiene la obligación” de anotar lo que cada persona responda.
Algunos resultados del precenso aplicados en poblaciones rurales del país indican que existen personas adultas que se declaran “aymaras” y en contraparte sus hijos asumen la identidad de “mestizos”.
“Por ejemplo en Guaqui (población de La Paz), cuando se hacía la pregunta 29, las personas mayores respondían efectivamente que pertenecían al pueblo aymara, pero los hijos de estas personas se declaraban mestizos o que no pertenecían a ninguna nación originaria”, detalló el funcionario.

Actualización cartográfica en un 80%
A tres meses de realizarse el censo 2012, la actualización cartográfica llega a un 80 por ciento, resultado que Laruta calificó de “muy buenos”.
Respecto a la cantidad de voluntarios para convertirse en empadronadores, el informe determina que existen cerca de dos mil jóvenes alistados que desean ser parte de estos procesos; cantidad mínima porque de acuerdo a lo planificado se necesitan 220.000 personas movilizadas en todo el territorio nacional para el día del censo.

La Cepal no excluye la categoría mestizo

OPINIÓN: Un Columnista demuestra que la Cepal no excluye la categoría mestizo

Publicado por la Red Erbol
El analista José Rafael Vilar sostuvo este martes en su columna “Lo que pienso” del diario La Razón, que el gobierno se equivoca al señalar que la CEPAL (Comisión Económica para América latina y el Caribe) recomienda, en un estudio realizado, excluir la categoría mestizo del Censo de Vivienda y Población.
La Ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, declaró el pasado 2 de agosto que el gobierno prescindió oficialmente de la categoría mestizo por tratarse de un término “discriminatorio” y que no se usa desde hace 10 años. La funcionaria aclaró que el Ejecutivo apoya su decisión en una investigación de la CEPAL.
La afirmación fue hecha luego que Vilar analizara de manera pormenorizada y minuciosa el informe “Los censos y los pueblos indígenas en América Latina: Una metodología Regional” realizado por las investigadoras Susana Schkolink y Fabiana del Popolo, documento que fue presentado en el Seminario Internacional “Pueblos indígenas y afro descendientes de América Latina y el Caribe: relevancia y pertinencia de la información socio-demográfica para políticas y programas” en 2005.
El columnista explica que el estudio analiza comparativamente diferentes censos latinoamericanos ocurridos entre los años 2000 y 2002, y da referencias de otros desde 1980.
Los censos analizados en la investigación de la CEPAL, señala Vilar, emplean categorías de autoidentificación que se van diferenciando por países.
Por ejemplo se utiliza “Pueblos originarios o indígenas” (México y Panamá, 2000; Argentina, Bolivia y Venezuela, 2001; Chile y Paraguay, 2002), “grupo étnico o poblacional” (Honduras, 2001; Guatemala, 2002), “pertenencia a cultura”(Costa Rica, 2000), “color o raza” (Brasil, 2000) o autoconsideración abierta (Ecuador, 2001). Agrega que la categoría “mestizo” aparece en los censos de Brasil (“preto”: pardo o mulato), Ecuador (“mestizo”) y Guatemala (“ladino”).
Al analizar censos posteriores, Vilar encontró que en Cuba (2002) se clasificó por “color de la piel”, diferenciando los “mestizos”; Colombia (2005) incorporó autoidentificación por “cultura, pueblo rasgos físicos”, categorizando mestizajes (“mulatos”); Perú (2007) buscó autoidentificación por la “lengua aprendida en la niñez”; México (2010) autoadscribió al hablar o entender “dialecto o lengua indígena” y si “se considera indígena”.
Brasil (2010), refiere, incluyó preguntas diferentes para “raça” (raza) y “etnia ou povo” (etnia o pueblo), e incluyó en la primera la opción de “mestizo” (preto); Argentina (2010) consideró una pregunta de autoidentificación como “indígena o descendiente de pueblos indígenas (originarios o aborígenes)” y otra de “afro descendiente o tiene antepasados de origen afro descendiente o africano”.

Guatemala (2011), agregó, mantuvo su autocategorización de 2002 y el mestizaje con “ladino”, considerado etnia; Uruguay (2011) analizó “ascendencia étnico-racial” y pidió la autoidentificación de la “principal”; Costa Rica (2011) buscó pertenencia genérica a “población indígena”, y Venezuela (2011) autoidentificó por pueblo indígena o etnia.

Entonces, perfiló, la categorización en “pueblo indígena u originario” no incluiría (en propiedad) a “afrodescendientes”; la categoría “mestizo” (con sus diferentes denominaciones) aparece en países con una fuerte presencia indígena (Guatemala y Ecuador) o afrodescendiente (Cuba, Colombia y Brasil); la clasificación por lenguas (conocidas y/o de uso principal) es la más extendida.
El columnista concluye, luego del análisis realizado, que en el documento de la Cepal de referencia “no encontré ninguna recomendación sobre excluir los mestizajes”.

La Paz, 7 agosto 2012 – L.F.C./

Julian Assange: fraude al Estado de derecho

¿Cómo es que la Unión Europea permanece muda acerca de este asunto?

OPINIÓN: Ana Palacio / El País de España / 22 de agosto de 2012




Ana Palacio ex ministra, abogada miembro del Consejo de Estado español. Ex vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Energía y Transportes. Elegida eurodiputada, fue vicepresidenta de la Eurocámara y presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, cargos en los que desplegó una intensa actividad. Reelegida en 1999, ocupó la presidencia de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores.

 La algarabía en torno a la concesión de asilo por Ecuador al fundador de Wikileaks, Julian Assange, oculta las esenciales incoherencias subyacentes. Sólo examinando éstas entenderemos lo que realmente está en juego.

Para empezar, Ecuador, cuya política en materia de libertades en general y libertad de prensa en particular, es todo menos abierta, enarbola la bandera del Estado de derecho y el respeto a la libertad de expresión, al tiempo que arroja dudas sobre Suecia, un país líder en materia garantías procesales y el derecho internacional.
Esta incongruencia se completa con Baltasar Garzón, quien debe su proyección internacional a la exitosa petición de extradición de Augusto Pinochet, basada en una interpretación estricta del asilo político, que ahora, a la cabeza del equipo jurídico de Assange, defiende una posición radicalmente opuesta.
El rechazo de Assange de la extradición a Suecia para ser cuestionado por acusaciones de agresión sexual, se basa en la supuesta interferencia en el caso por parte de los Estados Unidos, sin perjuicio de que ésta no se haya materializado en forma ni manera algunas. Así, mientras Ecuador ondea la bandera del colonialismo británico, lo esencial reside en que tanto Assange cuanto Garzón o el presidente Rafael Correa de Ecuador están utilizando la vieja y conocida consigna de “echar la culpa a los Estados Unidos” para evadir la Orden de Detención Europea dictada con plenas garantías procesales en contra del primero, y con firmada por el Tribunal Supremo de Reino Unido.
La transcendencia de este asunto reside, más allá de los datos concretos que lo integran, en el ascenso de un cierto tipo de populismo que se envuelve en el Estado de derecho a la vez que, invariablemente, socava su alcance y respeto. Las altisonantes recientes declaraciones de Ecuador relativas al caso, de las que se ha hecho especial eco la organización internacional ALBA, que integra al país andino con otros regímenes bien conocidos por situarse en los márgenes de la comunidad internacional, como Venezuela y Cuba, desvían la atención respecto de la realidad en materia de libertad de prensa y, en general, de garantías legales. Ecuador ocupa el número 104 de 179 en la lista elaborada en 2011-2012 por Reporteros sin Fronteras (RSF), y es etiquetado como “parcialmente libre” con tendencia a la baja por el Índice de Freedom House (FHI) correspondiente a 2012.
Merece también la pena señalar que Venezuela, el principal miembro de ALBA, no recibe mejor clasificación (número 117 en la tabla de RSF y también “parcialmente libre” según FHI). En marcado contraste, Suecia es uno de los dos Estados que consiguen excelentes puntuaciones tanto en lo referente a libertades políticas como sociales, a la vez que encabeza el grupo más distinguido de la tabla de RSF.
Prescindiendo de las cifras, las mencionadas organizaciones de control denuncian cómo Ecuador viene padeciendo un deterioro de las libertades debido a la constante campaña de su presidente Rafael Correa en contra de los medios de comunicación que les son críticos, al uso por parte del gobierno de recursos estatales para influir en el resultado de un referéndum, y a la reorganización de la judicatura en flagrante violación de las disposiciones constitucionales. Entretanto, el reciente informe del International Crisis Group sobre Venezuela, de junio de 2012, se extiende en comentarios sobre la organización de las próximas elecciones plagada de irregularidades, al tiempo que destaca la inexistencia de una igualdad de condiciones en los medios de comunicación.

Assange, Garzón y Correa utilizan la vieja y conocida consigna de “echar la culpa a Estados Unidos” para evadir la Orden de Detención Europea

Todas estas contradicciones quedan reflejadas, con alarde de lógica populista, en una declaración del mismo presidente —de mayo de 2012— en la que afirma “saquémonos esa idea de pobres y valientes periodistas, angelicales medios de comunicación tratando de decir la verdad; y tiranos, autócratas, dictadores tratando de evitar aquello. No es verdad. Es al revés. Los gobiernos que tratamos de hacer algo por las grandes mayorías somos perseguidos por periodistas que creen que, por tener un tintero y un micrófono, pueden desahogar hasta sus desafectos. Porque muchas veces es sólo por antipatía que se pasan injuriando, calumniando, etcétera. Medios de comunicación dedicados a defender intereses privados. […] Se imagina usted, si yo quería hacer una medida contra la banca para evitar, por ejemplo, la crisis y los abusos que están sucediendo en Europa, particularmente en España […].Que no nos engañemos. Saquémonos esas falsedades y estereotipos de gobiernos malvados persiguiendo angelicales y valientes periodistas y medios de comunicación. Frecuentemente es al revés...”. Causa estupefacción añadida que esta manifestación surgiera en un encuentro televisado, nada menos que con Julian Assange, el autoproclamado “cruzado” de la libertad de expresión, emitido por un canal ruso propiedad de Vladimir Putin.
Lamentablemente, la caricatura del Estado de derecho pergeñada por Assange, Correa y otros populistas gana adeptos en amplias franjas de las opiniones públicas del globalizado mundo de hoy. Y el peligro radica en la aplicación contradictoria y selectiva de principios y preceptos jurídicos o cuasi jurídicos que constituye el sello distintivo del fenómeno al que nos enfrentamos, y su radical incompatibilidad con la previsibilidad y generalidad en que se funda el imperio de la ley. Mediante la distorsión de la realidad y la presentación deformada del sistema legal sueco, reconocido portaestandarte de la seguridad jurídica y la imparcialidad, así como del profesionalismo, los paladines de esta subversión socavan los cimientos de un sistema internacional que actúa de barrera contra los impulsos totalitarios.
Sin perjuicio de lo anterior, el aspecto más sorprendente del caso Assange reside en el estruendoso silencio de aquellos actores e instituciones cuya existencia y legitimidad dimana de la integridad del concepto del Estado de derecho. Empezando por la Unión Europea, cuyo mutismo no cabe más revelador. La página Web oficial del Servicio Europeo de Acción Exterior recoge una superabundancia de pronunciamientos y condenas relativos a cuestiones que van de Siria a Madagascar pasando por Tejas, pero una búsqueda de la voz “Assange” muestra una única entrada de abril de 2012 sobre la reacción de Hassan Nasrallah a Wikileaks.
Nadie, ni el a menudo prolijo presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, ni el siempre escurridizo presidente del Consejo, Hermann von Rompoy, ni la cautelosa Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, han considerado que valga la pena salir al paso de infundadas críticas lanzadas contra dos de sus Estados miembros, ni defender un instrumento pregonado cómo fundamental de la Unión —la Orden de Detención Europea—, origen de la detención de Assange por las autoridades de Reino Unido.
¿Cómo es que la Unión Europea, criticadísima por su proclividad a realizar declaraciones y manifestaciones, permanece muda acerca de este asunto, en el que su voz no sólo tiene sentido, sino que podría también tener influencia? Es, pues, hora de que las voces del liderazgo europeo se alcen altas y claras, marcando una dirección que, así lo esperamos, inspire a otros dirigentes y organizaciones internacionales.

Hay orden aprehensión para Milena Fernández y ella desconoce la denuncia en su contra

Lío. La directora del programa de televisión Brújula asegura que no fue citada a declarar. Pidió disculpas públicas, pero la Alcaldía orureña insiste en acusarla de discriminación

El 8 de julio Milena Fernández cumplió 12 años de trabajo en televisión.
Su programa, Brújula, trata sobre la cultura boliviana y el turismo interno

Leyla Anas y J.P. Rodríguez/EL DEBER

Mientras el fiscal de materia de Oruro Rando Chambi emitió una orden de aprehensión contra Milena Fernández Roca, la directora del programa de televisión Brújula dijo que nunca supo de la existencia de una denuncia, ni recibió una citación para declarar.
La comunicadora conoció la noticia de una posible detención ayer por la mañana cuando cubría la sesión de honor en los festejos de Santa Ana de Yacuma (Beni), debido a que la Alcaldía de Oruro, apoyada en la Ley Antirracismo, la denunció por “discriminación y difusión de incitación a la discriminación”, según especificó a EL DEBER el abogado Édgar Blaz Ibáñez, director de Asuntos Jurídicos de la institución.
El fiscal Chambi señaló, según detalla el periódico La Patria, que "el jueves 19 de julio, Milena Fernández fue citada en Santa Cruz a través del Ministerio Público de aquella ciudad. Tenía que presentarse a las 17:00 del viernes 20 de julio de 2012, pero no lo hizo, en consecuencia, el suscrito fiscal, en cumplimiento de sus deberes y de la ley, dispuso expedir la orden de aprehensión".
Blaz acotó que las disculpas públicas emitidas la semana pasada por Milena Fernández, por calificar a la capital del folclore como fétida, no son consideradas suficientes por el gobierno municipal orureño, que reafirma que el caso debió llegar a instancias legales por las secuelas que cree generó: daño a la imagen de la ciudad en que se realiza el Carnaval patrimonio de la humanidad y daño a la sensibilidad de los ciudadanos. “Se cometió un delito contra la dignidad del pueblo orureño”, justificó Blaz.
También aclaró que la denuncia no quiere atentar contra la libertad de expresión. “No está hecha con ese enfoque. Reclamamos por las palabras de una persona particular. Si se hubieran dicho en su programa, sería diferente”, opinó.
El fiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, admitió ayer que a solicitud de la Fiscalía orureña Fernández recibió una citación, pero no supo precisar cuándo y dónde sucedió. Fernández, que volverá hoy a Santa Cruz tras cumplir funciones laborales en Beni, señaló que no tiene abogado y que cuando se informe posiblemente busque uno.
“A mis manos nunca llegó una demanda, menos una citación. Estoy con mi conciencia tranquila. Como no me llegó nada no puedo emitir opiniones”, dijo.

Voces por la libertad de expresión
Juan León
Asociación Nacional de la Prensa
La entidad no tomará, en un principio, ninguna posición al respecto, pues Fernández ya ha hecho públicas su explicación y sus disculpas. Sugiero a ambas partes que tengan flexibilidad y tolerancia. Este es un caso que hiere la sensibilidad de un pueblo muy digno y respetable, pero al mismo tiempo toca el derecho a la libertad de opinión de la señora Milena Fernández.
Roberto C. Hurtado
Federación de la Prensa de Santa Cruz
Nos preocupa la judicialización de la libertad de expresión en Bolivia. Este problema afecta la credibilidad e integridad de la colega Milena Fernández, lo que no podemos permitir y nos pone en disyuntiva acerca de la vigencia de la libertad de expresión. La Ftpsc pondrá a disposición de Milena Fernández su equipo de abogados para que la asesoren sobre el tema.
Daniel Castro
Asociación de Periodistas de Santa Cruz
El trabajo de Milena Fernández es más fuerte que sus palabras, porque con su labor demuestra respeto por las tradiciones bolivianas. Y por una declaración de la que ya se disculpó se intente aprovechar para pasar alguna factura desde el poder político (la Alcaldía de Oruro), me parece que es una tremenda exageración, es actuar con mezquindad y oportunismo.
Tiene la obligación de declarar/William Herrera / Abogado
Quisiera entender que el mandamiento de aprehensión es porque Milena Fernández no se presentó a declarar, porque si una autoridad cita a una persona, esta tiene la obligación de asistir y comparecer.
Sin entrar en el debate sobre si hay o no delito, el proceso legal tiene que respetarse.
Ahora bien, si ella compareciera, la orden queda automáticamente sin efecto.
La denuncia podría haberse hecho en Santa Cruz u Oruro, porque las dos ciudades están involucradas en el litigio. La defensa de Fernández puede solicitar una excepción de competencia y solicitar que el caso se traslade a Santa Cruz.
Habría que estudiar el caso en detalle para emitir una opinión de manera más efectiva.
DETALLES
- Vigencia de Brújula en Bolivia TV. Milena Fernández señaló que compra espacios en Canal 7 y en Sitel y que ningún medio rescindió contrato con ella. Sabe que las últimas dos semanas Brújula no se vio en canal 7 porque, por contrato, toda programación se suspende cuando el canal estatal transmite actividades del Gobierno, afirmó. Gustavo Portocarrero, gerente de Bolivia TV, consultado sobre una posible suspensión del programa, dijo: “Estamos en una reunión, no podré hacerle llegar la información hasta mañana”.
- PAT en el conflicto. Ante la información del fiscal orureño Rando Chambi de que inspeccionó PAT y citó al productor y al conductor del programa Del cielo al infierno, anoche ejecutivos de ese medio estaban reunidos en La Paz para considerar el caso.

Periodistas rechazan supuesto “plan cóndor mediático”

Periodistas de agencias de noticias estatales de seis países reunidos en La Paz acusaron a los medios privados de promover desestabilización y golpes de Estado “suaves”. La Asociación de Periodistas de Santa Cruz rechaza estas acusaciones.  


Cada vez resulta más difícil realizar la cobertura periodística en Bolivia.

 La Asociación de Periodistas Santa Cruz (APSC) manifestó su rechazo a las acusaciones lanzadas por la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias (Ulan) vertidas contra los medios de prensa privados e independientes, relativos a afanes desestabilizadores y la supuesta instauración de un “plan cóndor mediático”. Las mismas se suman a los comentarios vertidos por el vicepresidente, Álvaro García Linera, quien también acusó de golpistas a los medios independientes.

“Tanto el Vicepresidente como la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, están confundidos porque creen que los periodistas deben ser sus relacionadores públicos y quieren a los medios de comunicación como parte de sus aparatos propagandísticos y no como informadores imparciales de lo que pasa con el poder de turno”., manifestó Daniel Castro, presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz.
El dirigente cruceño se preguntó, qué pasaría en el país si no hubieran medios independientes que cuestionen al poder. ¨Será que los medios afines al gobierno denunciarían los hechos de corrupción como el último escándalo en YPFB que fue descubierto por un medio privado. Qué sería de los ciudadanos, cómo se enterarían de las acciones de los funcionarios públicos. Los gobernantes deben aprender que en democracia se debe respetar la libertad de prensa y la libertad de expresión y sobre todo promover el derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos¨, concluyó.

Periodistas de agencias de noticias estatales de seis países se reúnen en La Paz y entre las disertaciones más destacadas, la ministra boliviana de Comunicación de Bolivia, Amanda Dávila acusó a los medios privados de realizar tareas de desestabilización. Mientras, el periodista argentino de la agencia Telam Juan Manuel Fonrouge comparó la acción de los medios privados con el “Plan Cóndor".
“Lo que se busca en este encuentro, es una comunicación estatal subordinada a los intereses del gobierno de turno y que estas agencias se conviertan en instrumentos políticos, justamente esa idea ha sido planteada de forma desvergonzada. Desde la APLP nos parece un despropósito y no creo que la agencia de nuestro país tenga que ser servil a los intereses coyunturales del gobierno de turno”, afirmó el presidente de la APLP, Antonio Vargas.
A criterio del representante del gremio periodístico el encuentro busca definir una línea para que los medios de comunicación de Estado pasen a ser extensiones de los aparatos de propaganda de cada gobierno y también a tener mayor presencia en la opinión pública. Vargas recordó la Ley de telecomunicaciones que establece que el 77% del espectro electromagnético no debe estar en manos privadas es “un claro afán dictatorial en materia de comunicación”.
“El hecho de señalar que los medios privados e independientes tienen un compromiso con la oposición es una lectura errada de lo que la realidad informativa en nuestro país donde hay un pluralidad de opiniones”, afirmó
Reunión de Ulan
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila afirmó que en esta apoca se desarrollan golpes de Estado diferentes a los que se vivieron en la región con los golpes militares. Afirmó que los golpes de esta época se “digitan” desde los medios de comunicación que se han convertido en "vocerías políticas" de partidos de oposición.
"Con esta creación de escenarios de desestabilización, que pretenden minimizar los avances del proceso, distorsionar la verdad y que permanentemente utilizan los medios de comunicación como un instrumento político para eso, es que nos estamos enfrentando a esta suerte de golpes suaves", afirmó Dávila.
A su turno, el periodista de la agencia estatal argentina Télam, Juan Manuel Fonrouge comparó la acción de los medios privados contra algunos gobiernos de la región con el llamado "Plan Cóndor", por el que las dictaduras militares instaladas en el Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980 coordinaron acciones represivas contra la izquierda.
"Hay un correlato que podemos hacer con lo que es la comunicación en América Latina, hay un Plan Cóndor. Hay una unidad de los grandes medios de comunicación concentrados en América Latina para desestabilizar a los procesos democráticos que llevamos a cabo en todo el continente", señaló según un reporte de la agencia Efe.