Hay orden aprehensión para Milena Fernández y ella desconoce la denuncia en su contra

Lío. La directora del programa de televisión Brújula asegura que no fue citada a declarar. Pidió disculpas públicas, pero la Alcaldía orureña insiste en acusarla de discriminación

El 8 de julio Milena Fernández cumplió 12 años de trabajo en televisión.
Su programa, Brújula, trata sobre la cultura boliviana y el turismo interno

Leyla Anas y J.P. Rodríguez/EL DEBER

Mientras el fiscal de materia de Oruro Rando Chambi emitió una orden de aprehensión contra Milena Fernández Roca, la directora del programa de televisión Brújula dijo que nunca supo de la existencia de una denuncia, ni recibió una citación para declarar.
La comunicadora conoció la noticia de una posible detención ayer por la mañana cuando cubría la sesión de honor en los festejos de Santa Ana de Yacuma (Beni), debido a que la Alcaldía de Oruro, apoyada en la Ley Antirracismo, la denunció por “discriminación y difusión de incitación a la discriminación”, según especificó a EL DEBER el abogado Édgar Blaz Ibáñez, director de Asuntos Jurídicos de la institución.
El fiscal Chambi señaló, según detalla el periódico La Patria, que "el jueves 19 de julio, Milena Fernández fue citada en Santa Cruz a través del Ministerio Público de aquella ciudad. Tenía que presentarse a las 17:00 del viernes 20 de julio de 2012, pero no lo hizo, en consecuencia, el suscrito fiscal, en cumplimiento de sus deberes y de la ley, dispuso expedir la orden de aprehensión".
Blaz acotó que las disculpas públicas emitidas la semana pasada por Milena Fernández, por calificar a la capital del folclore como fétida, no son consideradas suficientes por el gobierno municipal orureño, que reafirma que el caso debió llegar a instancias legales por las secuelas que cree generó: daño a la imagen de la ciudad en que se realiza el Carnaval patrimonio de la humanidad y daño a la sensibilidad de los ciudadanos. “Se cometió un delito contra la dignidad del pueblo orureño”, justificó Blaz.
También aclaró que la denuncia no quiere atentar contra la libertad de expresión. “No está hecha con ese enfoque. Reclamamos por las palabras de una persona particular. Si se hubieran dicho en su programa, sería diferente”, opinó.
El fiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, admitió ayer que a solicitud de la Fiscalía orureña Fernández recibió una citación, pero no supo precisar cuándo y dónde sucedió. Fernández, que volverá hoy a Santa Cruz tras cumplir funciones laborales en Beni, señaló que no tiene abogado y que cuando se informe posiblemente busque uno.
“A mis manos nunca llegó una demanda, menos una citación. Estoy con mi conciencia tranquila. Como no me llegó nada no puedo emitir opiniones”, dijo.

Voces por la libertad de expresión
Juan León
Asociación Nacional de la Prensa
La entidad no tomará, en un principio, ninguna posición al respecto, pues Fernández ya ha hecho públicas su explicación y sus disculpas. Sugiero a ambas partes que tengan flexibilidad y tolerancia. Este es un caso que hiere la sensibilidad de un pueblo muy digno y respetable, pero al mismo tiempo toca el derecho a la libertad de opinión de la señora Milena Fernández.
Roberto C. Hurtado
Federación de la Prensa de Santa Cruz
Nos preocupa la judicialización de la libertad de expresión en Bolivia. Este problema afecta la credibilidad e integridad de la colega Milena Fernández, lo que no podemos permitir y nos pone en disyuntiva acerca de la vigencia de la libertad de expresión. La Ftpsc pondrá a disposición de Milena Fernández su equipo de abogados para que la asesoren sobre el tema.
Daniel Castro
Asociación de Periodistas de Santa Cruz
El trabajo de Milena Fernández es más fuerte que sus palabras, porque con su labor demuestra respeto por las tradiciones bolivianas. Y por una declaración de la que ya se disculpó se intente aprovechar para pasar alguna factura desde el poder político (la Alcaldía de Oruro), me parece que es una tremenda exageración, es actuar con mezquindad y oportunismo.
Tiene la obligación de declarar/William Herrera / Abogado
Quisiera entender que el mandamiento de aprehensión es porque Milena Fernández no se presentó a declarar, porque si una autoridad cita a una persona, esta tiene la obligación de asistir y comparecer.
Sin entrar en el debate sobre si hay o no delito, el proceso legal tiene que respetarse.
Ahora bien, si ella compareciera, la orden queda automáticamente sin efecto.
La denuncia podría haberse hecho en Santa Cruz u Oruro, porque las dos ciudades están involucradas en el litigio. La defensa de Fernández puede solicitar una excepción de competencia y solicitar que el caso se traslade a Santa Cruz.
Habría que estudiar el caso en detalle para emitir una opinión de manera más efectiva.
DETALLES
- Vigencia de Brújula en Bolivia TV. Milena Fernández señaló que compra espacios en Canal 7 y en Sitel y que ningún medio rescindió contrato con ella. Sabe que las últimas dos semanas Brújula no se vio en canal 7 porque, por contrato, toda programación se suspende cuando el canal estatal transmite actividades del Gobierno, afirmó. Gustavo Portocarrero, gerente de Bolivia TV, consultado sobre una posible suspensión del programa, dijo: “Estamos en una reunión, no podré hacerle llegar la información hasta mañana”.
- PAT en el conflicto. Ante la información del fiscal orureño Rando Chambi de que inspeccionó PAT y citó al productor y al conductor del programa Del cielo al infierno, anoche ejecutivos de ese medio estaban reunidos en La Paz para considerar el caso.

Periodistas rechazan supuesto “plan cóndor mediático”

Periodistas de agencias de noticias estatales de seis países reunidos en La Paz acusaron a los medios privados de promover desestabilización y golpes de Estado “suaves”. La Asociación de Periodistas de Santa Cruz rechaza estas acusaciones.  


Cada vez resulta más difícil realizar la cobertura periodística en Bolivia.

 La Asociación de Periodistas Santa Cruz (APSC) manifestó su rechazo a las acusaciones lanzadas por la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias (Ulan) vertidas contra los medios de prensa privados e independientes, relativos a afanes desestabilizadores y la supuesta instauración de un “plan cóndor mediático”. Las mismas se suman a los comentarios vertidos por el vicepresidente, Álvaro García Linera, quien también acusó de golpistas a los medios independientes.

“Tanto el Vicepresidente como la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, están confundidos porque creen que los periodistas deben ser sus relacionadores públicos y quieren a los medios de comunicación como parte de sus aparatos propagandísticos y no como informadores imparciales de lo que pasa con el poder de turno”., manifestó Daniel Castro, presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz.
El dirigente cruceño se preguntó, qué pasaría en el país si no hubieran medios independientes que cuestionen al poder. ¨Será que los medios afines al gobierno denunciarían los hechos de corrupción como el último escándalo en YPFB que fue descubierto por un medio privado. Qué sería de los ciudadanos, cómo se enterarían de las acciones de los funcionarios públicos. Los gobernantes deben aprender que en democracia se debe respetar la libertad de prensa y la libertad de expresión y sobre todo promover el derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos¨, concluyó.

Periodistas de agencias de noticias estatales de seis países se reúnen en La Paz y entre las disertaciones más destacadas, la ministra boliviana de Comunicación de Bolivia, Amanda Dávila acusó a los medios privados de realizar tareas de desestabilización. Mientras, el periodista argentino de la agencia Telam Juan Manuel Fonrouge comparó la acción de los medios privados con el “Plan Cóndor".
“Lo que se busca en este encuentro, es una comunicación estatal subordinada a los intereses del gobierno de turno y que estas agencias se conviertan en instrumentos políticos, justamente esa idea ha sido planteada de forma desvergonzada. Desde la APLP nos parece un despropósito y no creo que la agencia de nuestro país tenga que ser servil a los intereses coyunturales del gobierno de turno”, afirmó el presidente de la APLP, Antonio Vargas.
A criterio del representante del gremio periodístico el encuentro busca definir una línea para que los medios de comunicación de Estado pasen a ser extensiones de los aparatos de propaganda de cada gobierno y también a tener mayor presencia en la opinión pública. Vargas recordó la Ley de telecomunicaciones que establece que el 77% del espectro electromagnético no debe estar en manos privadas es “un claro afán dictatorial en materia de comunicación”.
“El hecho de señalar que los medios privados e independientes tienen un compromiso con la oposición es una lectura errada de lo que la realidad informativa en nuestro país donde hay un pluralidad de opiniones”, afirmó
Reunión de Ulan
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila afirmó que en esta apoca se desarrollan golpes de Estado diferentes a los que se vivieron en la región con los golpes militares. Afirmó que los golpes de esta época se “digitan” desde los medios de comunicación que se han convertido en "vocerías políticas" de partidos de oposición.
"Con esta creación de escenarios de desestabilización, que pretenden minimizar los avances del proceso, distorsionar la verdad y que permanentemente utilizan los medios de comunicación como un instrumento político para eso, es que nos estamos enfrentando a esta suerte de golpes suaves", afirmó Dávila.
A su turno, el periodista de la agencia estatal argentina Télam, Juan Manuel Fonrouge comparó la acción de los medios privados contra algunos gobiernos de la región con el llamado "Plan Cóndor", por el que las dictaduras militares instaladas en el Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980 coordinaron acciones represivas contra la izquierda.
"Hay un correlato que podemos hacer con lo que es la comunicación en América Latina, hay un Plan Cóndor. Hay una unidad de los grandes medios de comunicación concentrados en América Latina para desestabilizar a los procesos democráticos que llevamos a cabo en todo el continente", señaló según un reporte de la agencia Efe.

Dos actos conjuntos recordaron el golpe militar de García Meza en 1980

Existen denuncias de 26 asesinados y 94 desaparecidos durante la dictadura de García Meza, quien habría recibido el apoyo del MNR y ADN.

Olga Flores abogó por el cuerpo de su hermano Carlos y Marcelo Quiroga. Foto ANF

La Paz, 17 Jul (ANF).- Dos actos separados a pocos pasos hubo este martes en El Prado paceño y el acceso a la ex sede de la Central Obrera Boliviana (COB) para recordar el golpe militar del 17 de julio de 1980 que encaramó en el poder al general Luis García Meza y al coronel Luis Arce Gómez, ambos presos y condenados a 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

El primer acto se realizó frente al cine Monje Campero y contó con la participación de familiares de Carlos Flores Bedregal, militantes del Partido Socialista Uno que era liderado por Marcelo Quiroga Santa Cruz. Además de varios activistas de derechos humanos como el ex Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, el cantautor Luis Rico, el abogado Aldo Michel que colaboró a Juan del Granado en el juicio a Luis García Meza.
También en ese evento estaba el ex viceministro de Régimen Interior y Policía, Gustavo Torrico, quien lucía una camisa negra. Otro participante era Edwin Herrera, dirigente del Movimiento Sin Miedo.
Un ataúd en el piso era símbolo de la búsqueda de los cuerpos de Marcelo Quiroga y Carlos Flores.
En la ceremonia se observó fotografías de Marcelo Quiroga y Flores Bedregal, y carteles con nombres de otras víctimas en la dictadura militar.
“García Meza y Arce Gómez tienen muchas deudas con la democracia, la libertad y la vida. En ese tiempo desaparecieron 26 ciudadanos”, recordó el periodista Edwin Flores sobre el golpe militar de 1980.
La activista de derechos humanos, Olga Flores Bedregal, hermana de Carlos, recordó que el reclamo de los familiares no tuvo eco en 32 años, y lamentó que el actual gobierno de Evo Morales solo haya utilizado la imagen de Marcelo Quiroga para poner nombre a una ley y una condecoración para militares.
“En infinidad de ocasiones pedimos a la Central Obrera Boliviana cumpla con su obligación moral de exigir al gobierno desclasificar los archivos secretos de las dictaduras, pues su apatía los expone entre las opciones de cobardes o cómplices”, destacó un manifiesto del Partido Socialista Uno.
El segundo acto fue organizado por la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFMD), y se realizó en el frontis de la ex sede de la COB.
Luis Alberto Aparicio, presidente de ASOFAMD, recordó el hecho y pidió por su lado que el gobierno haga esfuerzos para obtener información sobre el destino de los cuerpos de Marcelo Quiroga y Carlos Flores. “Ni olvido, ni perdón: justicia”, clamó.
Agregó que existen denuncias de 26 asesinados y 94 desaparecidos durante la dictadura de García Meza, quien habría recibido el apoyo del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN).

Se halló un 89% más de cocaína que en 2011

Narcotráfico. La cantidad de laboratorios de cristalización destruidos durante este primer semestre es casi cuatro veces más que en 2011. Ayer se intervino uno en Paila

Christian Peña y Lillo /EL DEBER
Los datos estadísticos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) revelan que durante el primer semestre de este año se han confiscado 22,3 toneladas de cocaína (entre pasta base y clorhidrato), lo que significa un 89% más que lo hallado en el primer semestre del año pasado (11,8 toneladas de alcaloide). De igual forma, el número de fábricas, de laboratorios de cristalización y de detenidos creció en comparación con lo ocurrido durante la primera media gestión pasada.
Al parecer las proyecciones estadísticas hacen presumir que en 2012 las incautaciones de alcaloide cerrarán con cifras récord, lo mismo que el número de centros de procesamiento de la droga encontrados. Una muestra de lo que está sucediendo se observó ayer, cuando agentes de la Felcn cruceña detectaron e intervinieron un nuevo laboratorio de refinamiento de pasta base de cocaína en la zona de Puerto Paila y, al igual que la mayoría de estos lugares, su instalación y su funcionamiento tienen elementos de la tecnología de los narcos colombianos.
Con este nuevo laboratorio suman 20 las factorías detectadas en el país, cuatro veces más a las encontradas durante el primer semestre de 2011 y, de momento, solamente cinco menos que el total de centros de refinamiento hallados durante toda la gestión pasada.
De igual forma, el director general de la Felcn, Gonzalo Quezada, reveló en días pasados a EL DEBER que del 100% de la droga que se ‘mueve’ en Bolivia, solo se logra detectar e intervenir en promedio el 30%, lo que significa que los números reales en los indicadores del tráfico de drogas fácilmente se pueden triplicar.
Para el ex juez antinarcóticos Luis Jaime Cruz, estos números son una muestra de que todavía no hay una política clara de Estado sobre el combate al narcotráfico, ya que, pese a los años de gestión que tiene el presidente Evo Morales, aún no se muestra una acción contundente contra este flagelo.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, hizo referencia a estos indicadores nacionales afirmando que un 60% de la cocaína que se incauta la Felcn es procedente de Perú, afirmación que la autoridad respalda en los datos que indica divulgó la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.
“Bolivia es utilizado como un país de tránsito de droga, siendo un lugar estratégico la frontera con Brasil, por donde la droga es transportada hacia Europa”, indicó ayer Cáceres, en el marco de una reunión bilateral con sus pares de Ecuador.
Veja espera demanda en silencio
La revista brasileña Veja, que presentó el fin de semana un artículo donde se involucra a autoridades de Gobierno con el narcotraficante Maximiliano Dorado, mantiene silencio respecto a las afirmaciones hechas en la publicación y esperará la llegada de la demanda que el Poder Ejecutivo anunció se gestionará.
EL DEBER se contactó con el periodista Duda Teixeira, autor de reportaje de Veja, que indicó que él no emitiría ninguna declaración respecto a la edición que provocó una serie de reacciones en el país.
Teixeira aclaró que si llega alguna denuncia o alguna demanda sobre el contenido de la edición donde está el artículo de la polémica, Veja se encargará de hacer las representaciones legales correspondientes.
Ayer la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, volvió a ratificar que se presentará una denuncia por lo que consideran fue un ataque no solo a las autoridades gubernamentales, sino a todo un país.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó de que esa cartera de Estado coadyuvará en la demanda contra Veja, enviando una certificación de la Felcn, en la que se establece que ni el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y ni la directora de Ademaf, Jessica Jordan, tienen vínculos con el narcotráfico.
“Hay personas malintencionadas que están detrás de esto y quieren hacerle daño a la juventud y a las mujeres con este tipo de notas. Vamos a defender nuestra dignidad de bolivianos”, acotó la exmiss Bolivia.
Sin embargo, todavía no se ha oficializado ninguna demanda contra la revista brasileña Veja.

Otros casos
España. Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia ejecutaron una operación que permitió desarticular una organización dedicada a esta actividad. Se detuvo a siete ‘mulas’, como se conoce a las personas que utilizan su cuerpo como vehículo para transportar la droga, se confiscó más de 1 kilo de clorhidrato de cocaína, un vehículo y más de 7.000 euros. Los miembros de esta banda ingresaban a España alcaloide desde diferentes países de Su- damérica. Una de las integrantes del grupo es una boliviana.
Brasil. La Policía Federal brasileña descubrió más de 300 kilos de cocaína en la hacienda Aguacerito, ubicada en Cáceres, droga que había sido encargada por el Comando Vermelho y que debía ser llevada hasta Río de Janeiro, donde sería comercializada en las favelas. De acuerdo con las autoridades, la droga tendría un valor cercano a los $us 10 millones.
Acuerdo. Las autoridades de Bolivia y de Ecuador clausuraron ayer por la tarde, un encuentro en el que se firmó un acuerdo de cooperación mutua para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el uso indebido de sustancias sicotrópicas. Se busca una mayor efectividad en la lucha contra los narcos.

Santa Cruz será la región con más población en 2015

Piden planificar el crecimiento para no generar más pobreza

 
Deisy Ortiz /EL DEBER

En 2015, Santa Cruz pasará a convertirse en el departamento con mayor número de habitantes, desplazando a La Paz, que hasta ahora es la región con más población, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
De acuerdo con las estimaciones del INE, en 2010 La Paz tenía 2.839.946 ciudadanos, ocupando el primer lugar en población; mientras que Santa Cruz ocupaba el segundo lugar, con 2.785.762. Sin embargo, la situación se invertirá en 2015 cuando se estima que la población cruceña alcanzará los 3.178.004 habitantes y La Paz llegará solo a 3.041.263. La tendencia en el crecimiento demográfico seguirá siendo igual hasta 2030 (ver infografía).
Santa Cruz tiene la tasa anual de crecimiento (2,94%) más alta con relación a los demás departamentos, lo que explica por qué se proyecta como la región que concentrará más población en los próximos años.
Para el sociólogo José Martínez, el despegue económico que ha alcanzado en los últimos años la región atrae migración de otras regiones, lo que repercute en la densidad poblacional, principalmente en la ciudad capital, que es la que concentra el mayor número de habitantes.

Sin embargo, Martínez considera que el crecimiento demográfico debe estar acompañado de planes de desarrollo para dar condiciones de habitabilidad, empleo y servicios básicos a los habitantes. “En la ciudad hay crecimiento, pero sin planificación, lo que genera pobreza. Debería existir procesos de planificación desde todos los niveles de Gobierno”, dijo. Precisamente, para evitar la concentración de habitantes en la capital, sugiere promover el desarrollo de aéreas intermedias y rurales. “Hay que construir ciudades intermedias, con equipamiento, fuentes laborales y servicios básicos para no generar más pobreza. Por ejemplo, aprovechando el alto flujo de mercadería del Brasil por Santa Cruz hacia las costas del Pacífico, sería interesante construir una ciudad en el sur de Pailón. Así esta zona despoblada puede convertirse en una ciudad de 5.000 a 10.000 habitantes y dedicarse al control del tráfico de mercadería”, sostuvo.

Martínez cree que el censo de población y vivienda que prepara el INE dará directrices para planificar el desarrollo de las regiones. Sin embargo, ve necesario cambiar la “lógica de distribución de recursos, que actualmente es proporcional a la cantidad de habitantes, incluyendo dos nuevos criterios: que sea proporcional al grado de desarrollo (que los municipios más pobres reciban más recursos) y la eficiencia en las inversiones (premiar a los que hagan mejor inversión).
El INE actualiza la cartografía

El Instituto Nacional de Estadística (INE) Santa Cruz trabaja en la actualización cartográfica con miras al Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV), que se aplicará durante el cuarto semestre de este año, informó el encargado departamental interino del INE, Carlos Morales.
La labor consiste en la verificación, complementación, corrección y registro de manzanas, predios y viviendas. Ahora el trabajo se concentra en la ciudad capital, donde solo queda completar información de los distritos 2, 6 y 11. Luego se ingresará a las áreas rurales.
El censo servirá para la aplicación de políticas sociales que busquen el bienestar de la población, dijo Morales. Cabe mencionar que hoy se celebra el Día Mundial de la Población, que se instituyó con ocasión del nacimiento de la niña de nacionalidad china Wan He, con la que se estima que el mundo alcanzó los 5.000 millones de habitantes. Se cree que en octubre de 2011, la población mundial llegó a los 7.000 millones de habitantes y Bolivia, a los 10.6 millones.

Creen que Pinto entregó los datos a Veja

Narcotráfico. Jessica Jordan y Juan Ramón Quintana dijeron que ellos nunca se reunieron con Maximiliano Dorado. Líder indígena de la Cidob pide que el ministro salga del gabinete.

Extradición. Luego de caer preso en una casa en la capital cruceña, Dorado fue llevado hasta la ciudad de Guajará-Mirim. Foto. Archivo

Bajo el mismo tono de las afirmaciones de las autoridades gubernamentales que declararon sobre lo publicado por la revista brasileña Veja, el diputado por el MAS Galo Bonifaz aseveró que el senador Róger Pinto, asilado político de Brasil, sería el responsable de esta publicación internacional.

El diputado Bonifaz, a tiempo de rechazar la publicación de la revista Veja, adelantó que el Gobierno, a través de la Cancillería, presentará una demanda al Gobierno brasileño para que exija al medio de comunicación esclarecer en base a qué aspectos publicaron la noticia sobre la supuesta vinculación del entorno gubernamental con el narcotráfico.

“Entendemos que esta es una estrategia a escala nacional e internacional con el único afán de desprestigiar la imagen de nuestro presidente. Se hará por la vía correspondiente una demanda para que la revista esclarezca en qué ha basado sus denuncias, aunque el artículo señala que son sindicaciones de Róger Pinto”, dijo el legislador masista.

Para el diputado por Convergencia Nacional Adrián Oliva hay un desconcierto total entre las autoridades gubernamentales y considera que lo único que están buscando es salir de este ‘remolino’ de sindicaciones que cada vez los vinculan a hechos del narcotráfico.

“Son tantas las versiones que se han presentado, que lo que se necesita es esclarecer estos vínculos. Todos somos víctimas de estos hechos”, apuntó Oliva, mientras que se supo extraoficialmente que el senador Pinto, que espera en la embajada de Brasil en La Paz el salvoconducto que le permita ser llevado a ese país, no habría entregado ningún documento a los reporteros de Veja.

Sin embargo, hasta ahora ni el Gobierno ni la gente que entregó documentos que presuntamente detallan vinculaciones de autoridades de Estado con el narcotráfico, como las que publicó Veja, han querido explicar el contenido de estos informes

“Sería bueno preguntarle al presidente y hay que ver que él lo aclare”, señaló Oliva al ser consultado sobre esta información. Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, se limitó a indicar que se trata de informes escritos como cualquier panfletería política, que presuntamente no tendría sustento ni respaldo.Hasta ahora la Fiscalía no ha investigado estas versiones, tampoco nadie ha denunciado ante esta instancia para el inicio de las indagaciones.

A su vez, el secretario de Gobierno departamental de Santa Cruz, Vladimir Peña, dijo que estas aseveraciones no son nuevas y señaló que la mayor preocupación de ellos es que los presuntos vínculos del narcotráfico se acercan al Gobierno cada vez más. “El presidente tiene que purgar su Gobierno”, apuntó el funcionario.

Cidob solicita suspender a ministro

El presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, y uno de los líderes de la novena marcha por el Tipnis, pidió ayer la renuncia del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por presuntos vínculos con el narcotráfico, basado en la denuncia de la revista brasileña Veja.

“¿Qué tal esa del ministro Quintana? El Gobierno queriendo echarnos la carga del narcotráfico a nosotros. El presidente debería cambiar al ministro de la Presidencia (Juan Ramón Quintana), porque esto hace daño al país”, dijo Chávez, que es desconocido por un grupo de líderes indígenas.

El Gobierno en repetidas ocasiones descalificó a Bertha Bejarano, presidenta de la novena marcha indígena en defensa del Tipnis, porque ella fue detenida por cinco meses en abril de 2007 en Brasil por llevar cocaína a ese país.

Las autoridades insistieron en que sería un desprestigio reunirse con una mujer acusada de narcotráfico, aspecto que irritó a los marchistas y a las organizaciones femeninas que la semana pasada protagonizaron marchas callejeras para expresar solidaridad con Bejarano, que pidió disculpas por lo que hizo en un momento de ofuscación.

Por su parte, Quintana dijo que se defendería de las sindicaciones que hacía Chávez y afirmó que el dirigente indígena justamente aprovechó lo de Veja para presentar una fotografía suya junto al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, algo que señaló aclararía.

Otros detalles

Vinculación. El informe de Veja indica que el padre del vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, Raúl García, habría recibido un departamento de parte de un grupo de narcotraficantes colombianos para que él influyera en favor de los traficantes, porque tendría contactos con gente en el aeropuerto Viru Viru. El papá del dignatario de Estado falleció el año pasado y desde la Vicepresidencia no se ha dicho nada.

Acusado. Maximiliano Dorado Munhoz fue detenido en nuestra capital el 29 de diciembre de 2010 e inmediatamente fue llevado hasta Brasil, donde permanece detenido hasta la fecha en una cárcel del estado de Rondonia, donde purga una sentencia por la muerte de policías federales, lavado de dinero del narcotráfico y tráfico de cocaína.

Piden indagar al ministro Quintana y el Gobierno lo descarta

Las autoridades de Gobierno aseguraron que esto se trata de una acción que pretende desmerecer su gestión. La oposición pide que se inicie una investigación fiscal.

FUENTE: EL DEBER

Después de la publicación de la revista brasileña Veja en la que, basados en presuntos informes de Inteligencia de la Policía boliviana, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, es vinculado al narcotraficante Maximiliano Dorado (detenido en el país el 29 de diciembre de 2010), la oposición política ha solicitado una investigación contra la autoridad. Por su parte, el Poder Ejecutivo descartó tal posibilidad y calificó el reportaje como una mentira.

El informe titulado La República de la cocaína se basa, principalmente, en los datos policiales que son atribuidos a un agente identificado como Confucio, el que señalaría, de acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso la revista, que a las 14:00 del 18 de noviembre de 2010 el entonces director de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf) Juan Ramón Quintana y la excandidata por el MAS a la Gobernación de Beni Jessica Jordan fueron vistos ingresando en un inmueble en la capital cruceña donde estaba el narco Dorado.

Veja señala que luego de 20 minutos tanto Jordan como Quintana salieron con dos maletines, aunque el informe aclara que se desconoce lo que había dentro.

Tiempo después de este presunto encuentro, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) detuvo a Dorado en un inmueble de la zona del tercer anillo y avenida Alemania, para luego entregarlo a Brasil, de donde había escapado en 2001 y estaba sentenciado por haber asesinado a policías federales, además de ser considerado como uno de los traficantes de cocaína más grandes del estado de Rondonia.

Frente a estas afirmaciones presentadas en el documento periodístico de Veja, la primera autoridad gubernamental en salir al paso sobre lo que se señalaba fue la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, que aseveró que el Gobierno no tiene nada que investigar.

“Es absolutamente impensable que pueda haber algún miembro del Gobierno involucrado en narcotráfico”, dijo la ministra al rechazar la publicación brasileña y agregó que cualquier problema que haya en esto temas, el presidente Evo Morales “tomará siempre el toro por las astas y castigará lo que se tenga que castigar”.

Ante estas declaraciones el diputado de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, sugirió a Morales alejar temporalmente del gabinete ministerial a Quintana, en tanto se esclarezcan sus supuestos vínculos con el narcotráfico denunciados en la revista brasileña.

“El presidente debería pedirle al ministro (Quintana) un alejamiento aunque sea temporal de sus funciones, porque no puede ser que el titular del Ministerio de la Presidencia, la principal autoridad del gabinete político, esté señalado de vínculos con narcotraficantes, esto afecta la imagen del país”, manifestó Navarro.

Pero la posición de Dávila fue ratificada desde la capital cruceña por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que aseguró que no existe ningún informe que señale la posibilidad de que Quintana o Jordan tengan cercanía o vínculo con algún narcotraficante, por lo que calificó como “una canallada” la publicación de Veja.

“Nosotros vamos a hacer todas las investigaciones y quien esté detrás de este tipo de calumnias va a tener que asumir las acciones legales que el Estado boliviano va a instaurar”, enfatizó Romero y reiteró que no hay ningún indicio ni prueba aportados por los cuerpos de investigaciones en casos de narcotráfico contra los sindicados por la publicación brasileña.

Frente al ‘remolino político’ provocado por la revista Veja, Jordan calificó como poco serio lo publicado y dijo que estas informaciones se hacían para vender.

Pero la miss Bolivia 2006 fue más allá y pidió reparar en la fecha en la que supuestamente el agente de Inteligencia la vio a ella y a Quintana en la casa donde estaba Maximiliano Dorado. “El 18 de noviembre es el aniversario de Beni y ese día yo estuve en mi departamento en las actividades a las que asistió el vicepresidente Álvaro García Linera. Es imposible pensar que yo pudiera haber estado en ambos lugares”, indicó la mujer, que además anunció el inicio de un proceso contra la revista.

Santa Cruz y Trinidad están separados por unos 500 km de carretera y hay vuelos diarios entre ambas capitales.

“Estamos próximos a una actividad política en el departamento”, recordó Jordan, que no cree que la publicación sea un hecho casual y, por el contrario, asegura que es simplemente una acción “cobarde” de gente que quiere desprestigiarla, así como a las autoridades de Gobierno. “No conozco a ese señor (por Maximiliano Dorado)”, concluyó la militante masista.

Quintana, desde Palacio Quemado, negó cualquier vínculo con Dorado y aseveró que Veja es una publicación que está acostumbrada a difamar. “Este es un ataque artero contra el país, no contra Juan Ramón Quintana”, señaló el ministro y agregó que estas sindicaciones estarían bajo el control de los políticos opositores de Brasil y Bolivia.

Hasta el cierre de edición no se pudo conocer la versión de la revista Veja, mientras las autoridades gubernamentales ratificaron que se seguirá un proceso penal contra los responsables del impreso brasileño.

Ejecutivos presos licitaron obras millonarias en YPFB

La Fiscalía detectó que los altos funcionarios que están detenidos dirigieron proyectos de plantas separadoras de líquidos en Río Grande y en Gran Chaco por más de $us 650 millones

Guider Arancibia Guillén/EL DEBER

Vice’ de Operaciones, a cargo de la separadora
La comisión de fiscales de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía detectó que los altos ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, (YPFB), ahora encarcelados, tuvieron a su cargo los proyectos de separación de líquidos de la Planta de Río Grande y Gran Chaco por las sumas de $us 498 millones y por $us 156 millones.
Las nuevas revelaciones surgen después de que el ex gerente nacional de planta de separación de líquidos, Gerson Richard Rojas Terán, y Agustín Javier Ugarte Méndez, miembro de la comisión calificadora de YPFB, fueran enviados a la cárcel de Palmasola por uso indebido de bienes públicos, enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas y otros. Rojas protagonizó un triple choque con una vagoneta oficial en el kilómetro 94 de Ichilo y este hecho se constituyó en la punta del ovillo para destapar el manejo económico de la estatal en las licitaciones a empresas.
Los fiscales Carlos Candia, Anuncio Piérola, bajo la dirección de la coordinadora nacional anticorrupción y Norma Olmos Gonzales convocarán a prestar declaraciones a numerosas personas porque consideran que la investigación es compleja y recién empieza. Piérola afirmó que el exejecutivo Rojas está recluido en la cárcel, pero por el accidente y el uso indebido de bienes públicos, por lo que se le recibirá nueva declaración ampliatoria dentro de la investigación por legitimación y enriquecimiento. También se lo presentará ante otro juez cautelar para una nueva imputación por el manejo de dineros.
Los exfuncionarios de YPFB tenían dos cajas de seguridad a su nombre alquiladas en el Banco Mercantil Santa Cruz. El 5 de este mes tras el allanamiento y apertura con orden judicial de una de ellas se descubrió $us 90.000, pero la otra estaba vacía. Sin embargo, los fiscales ya detectaron que de acuerdo con informes del banco un día antes Ugarte Méndez acudió al banco y retiró aproximadamente $us 400.000. En la caja se halló anotaciones en un minibloc con manuscritos de números con diferentes montos de dinero.
La estatal de YPFB en un comunicado ayer aseguró que las indagaciones contra los dos ex ejecutivos se iniciaron el 22 de junio como consecuencia del accidente vial protagonizado por Gerson Rojas. Señala el comunicado que las pesquisas se desarrollaron por instructivas del presidente Carlos Villegas tras su arribo de México. Sin embargo, las audiencias cautelares para ambos imputados se desarrollaron a puerta cerrada y bajo estrictas medidas de seguridad. Por instructivas superiores, los policías prohibieron el ingreso al Palacio de Justicia a los periodistas. Ugarte está detenido en la Felcc y Rojas Terán en Palmasola.

Detalles del manejo de dineros

Adjudicación y empresas. Informes de la Fiscalía señalan que para la evaluación técnica y económica del contrato de Planta Río Grande se presentaron a la licitación las empresas Pentechs, Aesa y una alemana.
Una pollería. Agustín Ugarte afirma que producto de la licitación se recibió en una oportunidad Bs 100.000 que se adjudicó Aesa. El 30 de junio entregaron Bs 56.000 a un pariente para que los utilizara en la instalación de una pollería.
Cargos a cambio de apoyo. Ugarte reveló que cuando ingresó a la gerencia de plantas, el gerente Gerson Richard Rojas les preguntó si estaban comprometidos con él. Ugarte respondió que sí estaban comprometidos con Rojas y este les dijo que entonces aprobaran la evaluación técnica a favor de Aesa y que a cambio les ayudaría a ascender a una dirección de proyectos. Esto se los dijo cuando la oficina funcionaba en el edificio Casanovas, frente al Palacio de Justicia.
Escondieron vehículo para borrar huella
Según las pesquisas de la Policía y de la Fiscalía, la vagoneta Toyota Land Cruiser color blanco con placa 2841-KKL modelo 2012 valuada en $us 80.000 tenía la viñeta de YPFB. El domingo 17 de junio estaba manejada por el gerente nacional Gerson Richard Rojas, que en el kilómetro 94 en estado de ebriedad protagonizó una triple colisión.
La Fiscalía asegura que Rojas llegó a un arreglo económico con los choferes afectados y él se internó en la clínica Incor. La viñeta fue retirada y la vagoneta fue llevada hasta un garaje de la plaza principal de Santa Fe de Yapacaní. Para los fiscales, se buscaba borrar toda evidencia y tal vez comprar otro vehículo nuevo.

Citan a 20 funcionarios por escándalo de YPFB

Corrupción. La Fiscalía investiga a empleados de la empresa estatal por contratos millonarios, luego de que un gerente fuera detenido por el uso indebido de bienes del Estado y enriquecimiento ilícito

Prueba. Con orden judicial allanaron predios del Banco Mercantil Santa Cruz para abrir las cajas de los exejecutivos

Guider Arancibia Guillén/EL DEBER

La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía incluyó a una veintena de personas integrantes de la comisión calificadora de los proyectos de las plantas de separación de líquidos Río Grande y Gran Chaco, dentro de las investigaciones para esclarecer el escándalo por supuestas irregularidades en los millonarios contratos que superan $us 600 millones.

La comisión de fiscales conformada por Carlos Candia y Anuncio Piérola, bajo la dirección y supervisión de la coordinadora nacional anticorrupción Norma Olmos Gonzales, también amplió las investigaciones a personeros de las empresas que participaron en las licitaciones, entre ellas Pentechs, Aesa y una alemana. Las citaciones para que las personas investigadas acudan a declarar ya fueron elaboradas para su entrega.
Candia manifestó que Gerson Richard Rojas Terán, ex gerente nacional de planta de separación de líquidos, y Agustín Javier Ugarte Méndez, director de proyectos Gran Chaco y alto miembro de la comisión calificadora, ya están con orden judicial de detención en la cárcel de Palmasola. El primero por uso indebido de bienes del Estado y el otro por enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y otros.
Los fiscales expresaron que ambos ejecutivos mantenían una estrecha relación de amistad y, según las pesquisas, aumentaban los puntos de montos para las licitaciones con el fin de favorecerse con miles de dólares. “No otra cosa significa que ellos tengan cajas de seguridad en bancos donde cada día crecía de forma alarmante su patrimonio con dinero del Estado”, expresó Candia.
La investigación tiene su origen el 17 de junio, cuando Gerson Richard Rojas protagoniza un triple accidente vial en el kilómetro 94 de la carretera cerca de Yapacaní. La Fiscalía en base a informes estableció que Rojas estaba ebrio al mando de la vagoneta Toyota modelo 2012 placa 2841-KKL valuada en $us 80.000, que quedó destrozada.

Tras el accidente, el hombre se da a la fuga y deja abandonado el motorizado, pero este hecho da pie a una profunda investigación. En el vehículo y su oficina los fiscales y la Policía encontraron documentos que lo delatan como titular de cajas de seguridad en el Banco Mercantil Santa Cruz.
Las cajas eran compartidas con Ugarte. En una de ellas se halló $us 90.000, la otra estaba vacía pero datos del banco proporcionados a la Fiscalía señalan que antes del allanamiento retiraron dinero. En la caja la Fiscalía encontró manuscritos por montos aproximados a $us 400.000.
La estatal YPFB se querelló contra los dos exejecutivos a través de los representantes del departamento legal, Mónica Clemencia Ramírez y Marco Antonio Rodríguez. La Fiscalía anunció inspecciones a plantas de Río Grande y Gran Chaco.

Informes clave
Sueldos. La Fiscalía informó que los exejecutivos de YPFB Gerson Richard Rojas Terán y Agustín Javier Ugarte Méndez ganaban Bs 17.000 al mes.
Patrimonio. Informes de la comisión de fiscales señalan que Rojas Terán es dueño de costosos bienes que son investigados. Hace pocos días se compró una vagoneta Toyota 2012 valuada en $us 80.000.
Borrar evidencias. El fiscal Carlos Candia confirmó que Rojas Terán trató de borrar evidencias tras el accidente porque retiró la viñeta de YPFB del vehículo y escapó. Asimismo algunos de sus familiares acudieron a la Fiscalía para ofrecer arreglos como la compra de otra vagoneta Toyota por $us 80.000 para reponer la que fue destruida en el accidente, pero con el fin de que el caso pasara desapercibido.
Otro banco. La Fiscalía evidenció que el dinero guardado en la caja fuerte del Banco Mercantil Santa Cruz tenía como precinto el distintivo de otro banco, por lo que pedirá informes.
Viaje sospechoso. La Fiscalía detectó que Agustín Ugarte viajó a Cochabamba antes del allanamiento al banco para abrir las cajas fuertes. Se cree que sacó diversas sumas de dinero y viajó. Para hoy está prevista la declaración de Rojas Terán por enriquecimiento ilícito.

Enjuiciarán a revista brasileña que vincula a Quintana con el narcotráfico

El Gobierno anunció que demandará a la revista brasileña Veja, que en su última edición acusó al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de tener vínculos con el narcotráfico.

La publicación en la revista brasileña Veja que ha causado polémica en el país.

"El Gobierno anunció su decisión de enjuiciar a la revista Veja para que demuestre las afirmaciones contenidas en un artículo que consideramos infamantes", afirmó la ministra de Comunicación Amanda Dávila.

Según Veja, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y la directora de la Agencia para el Desarrollo de Zonas Fronterizas en el departamento del Beni, limítrofe con Brasil, Jessica Jordán, se reunieron con el capo brasileño Maximiliano Dorado Munhoz Filho, convicto por narcotráfico.
Agrega que el 18 de noviembre de 2010 los policías que vigilaban una casa del capo "presenciaron una cena extravagante", a la que asistió "Quintana, hoy segundo hombre más poderoso de la república", junto con "Jordán, de 28 años, famosa en su país por haber sido electa Miss Bolivia tan sólo 4 años antes".

"Quintana y Jéssica entraron en la casa de Max con las manos vacías y salieron 20 minutos después con dos maletines. El contenido de los mismos es desconocido", dice la nota, que ha sido reproducida por medios bolivianos.
"Morales se enorgullece de incentivar las plantaciones de coca, materia prima de más de la mitad de la cocaína y crack consumidos en el Brasil, bajo el argumento de que sus hojas sirven para producir té y medicinas tradicionales", añade Veja.
"Sin embargo, y según lo estima la Organización de las Naciones Unidas (ONU) -agrega-, tan sólo un tercio de la coca plantada en su país satisface dicha demanda. El resto abastece el narcotráfico, y como consecuencia, contribuye a corromper la vida de casi un millón de brasileros y de sus familiares".
"Han surgido evidencias de que la complicidad del gobierno boliviano con el narcotráfico va más allá de una simple defensa de los intereses de los cocaleros", dice el artículo publicado este fin de semana, justo cuando Morales era reelegido líder de seis sindicatos de productores de Coca, materia prima de la cocaína.

Titulada "La República de la cocaína", la nota dice que se basa en un informe de la unidad de inteligencia de la policía boliviana.
El diputado oficialista Galo Bonifaz aseguró que "hace tiempo que se trata de desacreditar la imagen del Gobierno a nivel internacional", vinculándolo con el narcotráfico, pero que "nunca se ha comprobado nada".
Morales juró anoche por novena vez como presidente del Comité de Coordinación de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba en la clausura del congreso de ese sector, transmitido por el canal de televisión gubernamental.

El mandatario agradeció a los cocaleros por reelegirlo, aunque comentó que es "por cariño y por respeto", pues sus obligaciones presidenciales le impiden tener una vida sindical activa.
Bolivia es el tercer productor mundial de coca y cocaína, tras Colombia y Perú, y el mayor proveedor de esas drogas para Brasil, Argentina, Chile y otras naciones del Cono Sur, según la ONU.
Este país andino tenía en 2010 más de 31.000 hectáreas de cocales, un 22 % más que al llegar Morales al poder en 2006, de acuerdo con la misma fuente.
EFE/EL DEBER