¿Está garantizada la libertad de información?

En el ámbito jurídico, sí. Los tratados a los que el Estado boliviano se suscribió y los artículos 106 y 107 de la nueva Constitución Política del Estado garantizan el proceso de informar, es decir, emitir, recibir e investigar la información por difundirse. El Estado actúa como garante de esta libertad en la sociedad de la información.
Entonces, ¿por qué los ataques del poder político a los periodistas? La respuesta es clara: estamos frente a una forma de gobernar basada en la hegemonía ideológica, que se expresa desde medios estatales muy poderosos.
En un sistema democrático saludable, el primer indicador positivo es el respeto a las libertades y los derechos humanos. No puede haber democracia sin disenso y sin la libertad de expresarlo, aunque esta libertad se convierta en un contrapoder incómodo pero necesario para conocer la verdad, que tiene muchos matices. De ahí que la tentación a controlarlo todo es antidemocrática.¿Puede haber exceso de libertad de información en una sociedad abierta y transparente? El tema es muy complejo.

Estados Unidos, que se supone que es el país más liberal del planeta, tiene en la primera enmienda de su Constitución una salvaguarda para este derecho; cuidaron legislar sobre el tema por los peligros de limitarlo. Nuestra Carta Magna es ‘garantista’ en ese aspecto; por el precepto constitucional de la autorregulación del gremio, cuya base doctrinaria debieran ser los códigos deontológicos del periodismo. ¿Es oportuno discutir sobre deontología del periodismo en un periodo de amenazas a la libertad de expresión? Siempre es y será delicado establecer límites, así sean los éticos, pero el reto es ineludible.

Por un lado, el poder político arremete con sus ataques y, por el otro, no podemos negar la pálida existencia de medios que lucran con el morbo colectivo o la manipulación. La Constitución prevé en estos casos la cláusula de conciencia. El periodista no debe ser presionado a actuar de forma éticamente incorrecta, esa garantía constitucional puede servir para que los medios no se conviertan en trincheras de guerra sucia bajo órdenes superiores. Acogerse a la cláusula de conciencia es una decisión personal de cada comunicador social.

Es verdad que la libertad de informar recorre un sendero empinado y difícil. Pero no hay forma de defender nuestros derechos sin mirarnos desde adentro. Este derecho es transversal a las otras libertades y derechos de la sociedad civil, y ése es nuestro punto de partida en la reflexión, para que ningún poder transitorio, por muy legítimo que sea, intente conculcarlo usando como excusa faltas a la ética.

* Julio César Caballero; Periodista y cientista jurídico