De igual manera, los trabajadores de la prensa de La Razón convocaron para este cuatro de junio a una movilización en la sede de gobierno rechazando la demanda penal instaurada por el gobierno en contra del matutino paceño.
Movilización de periodistas. Foto: ANF
La Paz, 03 Jun. (ANF).- En defensa de la libertad de expresión, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia a través de un pronunciamiento convoca a todos sus afiliados a una masiva movilización a realizarse este miércoles cuatro de junio a nivel nacional.
Este manifestó también rechaza el proceso penal instaurado por el gobierno al periódico paceño La Razón por una publicación en abril pasado donde presuntamente se haría conocer la estrategia de la demanda marítima que le sigue el estado boliviano a Chile.
Asimismo, se desconoce la competencia del juez onceavo de instrucción en lo penal de La Paz, Johnny Machicado, quien rechazó una excepción de incompetencia presentada por La Razón para trasladar la demanda de la Procuraduría del Estado en contra de una publicación de Animal Político a los jurados de imprenta.
Por tanto, la Confederación considera que el juez estaría equivocando “el camino jurídico y lo que ocasiona es una contravención constitucional, que en el futuro marcará al país como la estructura antidemocrática en Latinoamérica”.
La Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia se declara en Estado de Emergencia hasta que el Juez Johnny Machicado decline su accionar y se adhiera a la norma de la ley de imprenta.
De igual manera, los trabajadores de la prensa de La Razón convocaron para este cuatro de junio a una movilización en la sede de gobierno.
El pasado 22 de abril, el procurador del Estado, Héctor Arce, demandó por la vía penal a dos periodistas de La Razón, a quienes acusó de espionaje y revelación de secretos de Estado y solicitó que revelen su fuente. Según el matutino paceño, Arce debió recurrir a los jurados de imprenta, porque los periodistas gozan de este fuero reconocido por la Constitución Política del Estado, y no puede exigir la revelación de la fuente, porque está protegida por la Ley de Imprenta y es un imperativo ético de los periodistas.
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