
El comunicado asegura que este hecho nunca se había dado en los regímenes democráticos. El pronunciamiento de la ANP considera que esto atenta contra la libertad de prensa y expresión y el derecho de la sociedad a estar correcta, imparcial y oportunamente informada. La acción fue consolidada hace cuatro semanas, a través del Decreto Supremo 1602, que dispuso que un consejo de cinco ministros se haga cargo del canal e incluso defina la línea periodística del mismo.
En opinión de la ANP, la eliminación de un directorio plural y de un Consejo Consultivo integrado por miembros de la sociedad civil impide una fiscalización del canal 7, poniéndolo únicamente al servicio del Gobierno, “con el aparente propósito de intensificar su utilización a favor únicamente del Poder Ejecutivo y del partido oficialista”. A este pronunciamiento se sumó otro de la fundación Reporteros Sin Fronteras, que, desde Francia, aseguró que esta decisión gubernamental ponía en riesgo la libertad de expresión y de información del pueblo boliviano.
Fuente: El Deber
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