Abogados y periodistas: “Ni error ni delito”, en el proceso contra ANF, Página Siete y El Diario

”El proceso contra los tres medios es una agresión a la prensa”, dijo la ex presidenta del Tribunal Constitucional y actual presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, en un taller que congregó a 180 profesionales y estudiantes de Derecho y Ciencia de la Comunicación en Sucre.

Sucre, 18 Nov. (ANF) – “No hay error ni delito”, es la conclusión a la que llegaron los participantes del taller sobre “Jurisdicción y Competencia de los Delitos de Imprenta: una mirada jurídico-periodística”, realizado este fin de semana en la ciudad de Sucre, durante el cual analizaron el proceso iniciado por el Gobierno contra la Agencia de Noticias Fides (ANF), Página Siete y El Diario por el supuesto delito de “difusión e incitación al racismo o la discriminación”.

El taller, al que asistieron 180 abogados, periodistas y estudiantes de Derecho y Comunicación Social, fue organizado por la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, con el auspicio de la fundación alemana Konrad Adenauer.
”El proceso contra los tres medios es una agresión a la prensa”, resumió la ex presidenta del Tribunal Constitucional y actual presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, quien presidió el evento, al comentar el llamado “caso de los flojos y la flojera” suscitado a raíz del controvertido discurso que pronunció el presidente Evo Morales en Tiahuanaco el 15 de agosto pasado.
Como expositores intervinieron los abogados y periodistas Julio César Caballero y Gabriel Peláez, la abogada Soraya Santiago, el abogado Arturo Yañez, promotor de la demanda de inconstitucionalidad del delito de desacato, y el periodista Juan Carlos Salazar, Asesor Ejecutivo de la Agencia Fides.
También intervinieron el presidente de la APLP, Antonio Vargas, y el representante de la Fundación Adenauer, Iván Velásquez, como organizadores y auspiciadotes del taller.
Luego de escuchar a los expositores, quienes analizaron las disposiciones legales vigentes en materia de prensa e información, desde la Constitución Política del Estado hasta la Ley de Imprenta, pasando por la Ley contra el Racismo, los participantes, divididos en grupos, revisaron la demanda contra los tres medios desde los puntos de vista jurídico y periodístico.
En este marco, concluyeron de manera mayoritaria que no hubo distorsión en el manejo de la información, como asegura el Gobierno.
Asimismo, señalaron que si el Gobierno insiste en procesar a los medios debería hacerlo a través de la Ley de Imprenta y en ni ningún caso por vía de la Justicia ordinaria, ya que la prensa y los periodistas están amparados por esa legislación especial.
En opinión de los participantes, el Gobierno apeló a la vía penal con el objetivo de presionar a la prensa en general.

El Gobierno acusa a ANF de haber distorsionado y tergiversado las palabras de Morales al haber sustituido el adjetivo “flojos” por el sustantivo “flojera” en el titular de su información sobre el discurso del mandatario, quien dijo que, a diferencia del altiplano, donde la producción agrícola está sujeta a las difíciles condiciones climáticas, en el oriente boliviano “solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres” y “sólo por flojos podemos hambrear”.
En su exposición, el periodista Salazar rechazó la acusación del Gobierno y reiteró que “la Agencia Fides no cometió error ni delito” en el manejo de la información. Al reclamar el archivo de la causa por falta de materia justiciable, dijo que el caso, actualmente en manos de la Fiscalía, tampoco amerita su procesamiento por la Ley de Imprenta y ni siquiera por el Tribunal de Ética.
Salazar citó en apoyo de la posición de ANF la conclusión del Observatorio de Medios de la Fundación Unir, que en un extenso informe emitido en septiembre pasado aseguró que la interpretación de las expresiones del presidente por parte de la agencia “no supuso distorsión, tergiversación o incitación al racismo”.
Los participantes se pronunciaron también a favor de mantener la Ley de Imprenta, aunque con una eventual “actualización”. Sin embargo, admitieron que en la actual coyuntura no sería posible una revisión objetiva y serena debido a la posición del Gobierno frente a los medios de prensa, a los que ha declarado públicamente como sus principales “opositores”.
”La Ley de Imprenta sigue vigente y absolutamente aplicable”, dijo el periodista Julio César Caballero, un especialista en el tema, al rechazar las impugnaciones que se suelen hacer a esa norma legal por ser “anacrónica” y “caduca”.
Agregó que si bien es cierto que la ley no se refiere expresamente a los medios audiovisuales y electrónicos, ya que data de 1925, la norma menciona no sólo a los medios impresos, sino también a las “publicaciones” en general.
Caballero dijo que la Ley de Imprenta es “un patrimonio del periodismo de Bolivia”, porque “cohesiona al gremio en la defensa de la libertad de expresión e información ante los intentos de conculcación por todo tipo de poderes”.