El informe que Santiago entregó a principios de este año al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, señala que un total de 64.402 minas todavía estaban enterradas en sus fronteras en diciembre de 2013. El reporte, al que accedió Informe La Razón, está vinculado a las obligaciones derivadas de la Convención de Ottawa, suscrita en 1997 a instancias del organismo global, pero allí no se precisa la cantidad de estos explosivos que a la fecha están específicamente en la frontera con el país.
Cuando el Ejército chileno comenzó el proceso del “desminado humanitario” (21 de julio de 2005) se estableció que un total de 118.377 explosivos se enterraron en los límites fronterizos del vecino país; 22.988 de estos artefactos antipersona y 1.100 minas antitanque distribuidos en 42 campos estaban a lo largo de los 850 kilómetros de frontera que comparten Bolivia y Chile. El porcentaje de desactivación en el límite común, según el ministro boliviano de Defensa, Rubén Saavedra, llegó hasta el momento solo al 25%, una cifra alejada de las metas que Santiago se había propuesto hace nueve años, cuando proyectó eliminar los explosivos hasta 2006, seis años antes del plazo establecido por la Convención de Ottawa.
Este instrumento multilateral fue suscrito el 3 de diciembre de 1997; un año después el pacto fue ratificado por Bolivia y Perú, mientras que el Congreso de Chile validó la normativa en 2001 y se adscribió así al plazo de diez años para la erradicación de los mortales objetos de todas sus fronteras, aunque ya en 1999 realizó ejercicios para anular los explosivos en una zona próxima a Visviri-Charaña. “Chile, que se comprometió a destruir todas las minas antipersonales sembradas a más tardar el 1 de marzo de 2012, entró en moratoria al haber desactivado solo 25%, cuando hasta 2012 debía desminar el 100%”, puntualiza Saavedra.
Durante la XI Reunión de los países que son parte de la convención, efectuada a fines de 2011 en Camboya, Chile pidió una prórroga de ocho años para cumplir este compromiso internacional. Alegó que la destrucción de las minas se complicó porque en muchos casos éstas se plantaron en zonas de difícil acceso y susceptibles de ser removidas por las lluvias. Bolivia protestó por la prórroga concedida hasta 2020 y, entonces, demandó mayor información sobre los trabajos de desmantelación de los artefactos en el marco del acuerdo multilateral del que son parte 162 Estados. De hecho, los países que poseen minas deben entregar informes anuales a Naciones Unidas, que es la instancia que monitorea el cumplimiento de esta convención humanitaria.
PELIGRO. El informe de desminado de 2013, presentado por Chile, revela que 9.512 minas están en zonas donde no se tiene certeza exacta de su ubicación. El reporte señala que estas zonas se han señalizado para evitar que los explosivos detonen y provoquen daños personales.
En la región de Arica-Parinacota, contigua a Bolivia y Perú, existían 9.360 minas sin ubicación exacta; 152 en la región de Antofagasta que tiene frontera con el sudoeste de Potosí. “Las cantidades de minas señaladas son aproximadas”, advierte el documento, suscrito por el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Desminado de Chile, Juan Mendoza.
Las precipitaciones pluviales en la Cordillera de los Andes provocaron deslizamientos y el sorpresivo “escurrimiento de agua al interior de la Quebrada Escritos”, cercana al área de frontera que Chile comparte con Perú y Bolivia; el área afectada es de 167.353 metros cuadrados que está declarada como “área de peligro”. Las nevadas de junio y julio de 2012 ocasionaron el desplazamiento de minas en el sector de Ollagüe, próximo al sudoeste boliviano y el área afectada allí es de 466.350 metros cuadrados. En otros casos la información no es precisa porque se desmantelaron algunas áreas minadas antes de la vigencia plena de la convención, pero el reporte insiste que estas zonas están protegidas con alambres y letreros escritos en castellano, inglés y alemán (en algunos casos en aymara) que avisan que hay minas antipersonales.
Las armas enterradas en las fronteras tienen una sensibilidad de cinco kilogramos de peso, es decir pueden detonar con la presión de la pisada de una persona adulta. Santiago registró hasta septiembre del año pasado 152 víctimas por la explosión de estos artefactos, 88 de ellos militares chilenos. La lista precisa que 29 personas murieron por efecto de estas armas, 12 de ellas pertenecientes a las Fuerzas Armadas del vecino país. El informe no establece la nacionalidad de los afectados por las explosiones.
Cuando en julio de 2005 comenzaron los trabajos de desactivación de las minas, el Ministerio chileno de Defensa había registrado 123 víctimas; 23 fallecidos y 100 heridos, entre ellos 48 civiles (27 chilenos, 15 peruanos y seis bolivianos). En nueve años, el registro de ciudadanos afectados por los explosivos subió en 29; de hecho, la sensación de peligro en las zonas fronterizas de Bolivia se ha incrementado y hay reclamos de acceso a mayor información.
“Hay más víctimas por las minas y nadie sabe qué ha ocurrido con ellas, porque no fueron socorridos ni por el Gobierno chileno ni por el boliviano”, denuncia Rubén Ayca, quien en 1982 junto a su hermano sufrió un accidente con un explosivo. Este ciudadano vive hoy en la ciudad de La Paz.
Desde Chile, Elir Rojas Calderón, geógrafo y consultor en desminado humanitario, explica que si bien una mayoría de las víctimas se produjo en la década de los años 80, entre 2012 y 2013 se reportaron accidentes que lesionaron a peruanos y colombianos cuando intentaban trasponer la frontera por un paso ilegal. Rojas dibujó los mapas del 90% de los campos minados que existen en su país a excepción de las zonas ubicadas en las islas al sur del Beagle, en la Antártida. “El problema de terminar con los campos minados pasa por muchas situaciones complejas en contextos geográficos, climatológicos, financieros, de recursos humanos, logística y varios más”.
Informe La Razón habló con 15 alcaldes de municipios fronterizos de Oruro y del sudoeste de Potosí. Estas autoridades tienen contabilizados a siete afectados por los explosivos, uno más que el recuento que hizo Chile en 2005. Rubén Ayca perdió una pierna y su hermano Jonás uno de los ojos; en tanto Molio Tancara falleció tras ser impactado por un explosivo, según los testimonios recogidos. Adicionalmente, el ciudadano Rómulo Choque y su hijo fueron afectados por la detonación de una mina junto a su chofer. La situación de éstos es desconocida al igual que la del ciudadano Abdón Ticona.
En las comunidades bolivianas fronterizas de Bella Vista, Sillajhuay (Llica-Potosí) y Huayllas (Coipasa-Oruro) existe temor en los pobladores por la presencia de estos peligrosos aparatos; ellos se ven cohibidos de usar los bofedales ante la sospecha de tener allí uno de los explosivos compuestos por TNT. Eso sucede por ejemplo con el río Cancosa, que ingresa desde Chile y discurre a la comunidad potosina de Bella Vista, cerca de la región chilena de Tarapacá donde los desminadores chilenos detectaron la presencia de 1.012 minas. El área, empero, no se halla registrada como “área de peligro”, según el informe presentado por la Comisión Nacional de Desminado a la Organización de Naciones Unidas.
Los artefactos, que pueden pesar unos 98 gramos, fueron sembrados hace 30 años en esa zona donde existen quebradas y lechos de río. Según Rojas, los explosivos fueron desplazados de su lugar original por efecto de las lluvias. “Esto quedó comprobado en el río Cancosa laguna Casiri en Tambo Quemado, en Chilcaya y en Ascotan en Quebrada del Inca, por nombrar algunos sectores”, corrobora el geógrafo. En Bella Vista murieron dos llamas entre junio y agosto, según pudo evidenciar Informe La Razón.
Personal. ¿Algunas minas antipersonales chilenas pudieron ser desplazadas a territorio boliviano? ¿El país tiene personal técnico para desactivarlas? Samuel Montaño, experto boliviano en análisis de armas y defensa, sostiene que en el país no existe una unidad militar especializada. El comandante de la II División del Ejército, acantonada en Oruro, Luis Fernando Benavides, señala que “existe personal especializado”, pero aclara que corresponderá la desactivación de estas minas “a quienes las implementaron (los chilenos)”.
En La Paz, Juan José Lima, director del Centro de Estudios sobre Justicia y Participación (CEJIP), recuerda que tanto Chile como Bolivia son Estados parte de la Convención de Ottawa, por lo que ambos “están en la obligación de desactivar las minas antipersonales, que se hallan en sus territorios”. Hasta el momento, no se ha corroborado la presencia de estas amenazas en territorio nacional. Lima precisa además que el Estado tiene “la obligación de garantizar la seguridad y la salud como un derecho constitucional de todos, por lo que se deberían sumar esfuerzos para desactivar estos artefactos en territorio boliviano”. CEJIP hizo solicitudes para que el Ejecutivo desarrolle programas educativos para hacer conocer el riesgo a las comunidades cercanas.
El abogado cree también que las Fuerzas Armadas en Bolivia deben publicar la ubicación de las zonas donde existe munición militar sin estallar (denominadas UXOs por su sigla en inglés) “que convierten extensiones de terrenos en campos similares a los campos minados”.
Elir Rojas, experto en minas en Chile, remarca que “será imposible encontrar el 100% de las minas sembradas en todo Chile”. En tanto, el ministro Saavedra insiste que la prórroga hasta 2020 concedida en favor de Santiago “ha producido efectos desfavorables” y en todo caso advierte que Bolivia “no permitirá mayores demoras y que requerirá a Chile para que cumpla su compromiso de destruir y remover las minas antipersonales sembradas a lo largo de su frontera”.
Rojas, al igual que Lima, maneja que Bolivia y Chile tienen obligaciones. “Que Bolivia no tenga en su territorio zonas minadas o que al menos no lo haya declarado, no le exime de otras obligaciones, como la educación sobre el riesgo de minas, reducción del riesgos para la población civil y atención a las víctimas”.
En Oruro, donde hay al menos ocho municipios que viven atemorizados por las minas, el general Benavides opina que en Chile “existe falta de voluntad para cumplir los tratados internacionales establecidos” para la eliminación definitiva de estas amenazas para la población.
Hasta el 31 de diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de Desminado de Chile había detectado la presencia de 39.143 minas (no se precisa si son antitanque o antipersonal) en Chacalluta, la planicie desértica que divide a Perú y Chile. Es la cantidad más alta de artefactos explosivos que Chile sembró en la década de los años 70 y donde concentró sus esfuerzos para desactivar los explosivos con el apoyo de la ONG Norwegian People AID.
El 30 de junio, el canciller peruano Gonzalo Gutiérrez reclamó a Chile por la lentitud del proceso de desminado y desde Bolivia, el presidente Evo Morales lamentó que la desactivación se haya paralizado. “(Ricardo) Lagos y (Michelle) Bachelet creo que ni siquiera llegaron al 30% de desminado, pero (de) Sebastián Piñera tengo información y, espero no equivocarme, ha paralizado totalmente el desminado entre Bolivia y Chile”, se quejó el Mandatario el 25 de marzo de 2013.
Entre 2006 y 2011, La Paz y Santiago acordaron el desarrollo de “las confianzas mutuas” que incluía el traspaso de información sobre el desminado. Al momento, el proceso se encuentra congelado.
