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| El reportero Carlos Quisbert fue detenido y encarcelado en cuestión de horas por indagar datos sobre la muerte del bebé Alexander |
El periodista instó a los fiscales mostrar el pañal del menor muerto en noviembre. Hoy se realiza en La Paz una marcha contra la determinación judicial de enviarlo a la cárcel
"He ido publicando estas informaciones que a ellos (los fiscales) les han ido incomodando", sostuvo Carlos Quisbert, periodista de El Diario remitido a la cárcel de San Pedro por 'obstaculizar' la investigación de la muerte del bebé Alexander en La Paz. El comunicador pasó la noche en el penal y este martes, sus colegas preparan una protesta contra la decisión judicial que consideran un exceso y vulneración al principio de libertad de expresión establecido en la Constitución Política del Estado (CPE).
Quisbert se trasladó el pasado domingo al Centro de Rehabilitación 'Calahuma', en el municipio de Viacha (La Paz), donde se encuentra recluida Madelen Paola P.Ch., mamá sustituta del hogar de niños Virgen de Fátima, dónde murió el menor. "¿Dónde está el pañal con el que el bebé llegó al Hospital del Niño? No me han permitido hablar con mi abogado y me han tenido sin poder hacer una llamada. Aquí lo de fondo es la mala investigación en el caso Alexander", agregó en declaraciones a la red televisiva ATB.
Según la fiscalía, se imputó al reportero por el delito de “obstrucción a la justicia” sancionado por el artículo 32 de la Ley 004, y bajo el argumento haber intentado entregar dos manuscritos a la acusada de infanticidio.
"El imputado entregó las notas a Madelene Paola P.Ch. le manifestó que fue a ayudarla y que le conviene decir lo que las dos notas expresan, prometiendo ayudarla en el proceso bebé Alexander, pretendiendo que por los manuscritos Madelen Paola P.Ch., sea inducida a falsear los hechos que ella conoció", indica la denuncia contra el periodista.
Mientras que la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) anticipó la presentación de un recurso de libertad, debido a que la detención del comunicador y la agilidad del proceso constituiría una flagrante vulneración de sus derechos.
FUENTE: Jesús Alanoca - EL DEBER
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