INFORME
ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
2012
INFORME DE LA RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Dra.
Catalina Botero
Relatora
Especial para la Libertad de Expresión
SECRETARÍA GENERAL
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
INFORME ANUAL DE LA RELATORÍA ESPECIAL PARA
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
2. Bolivia
A. Avances
1.
La Relatoría Especial
manifiesta su satisfacción por la sentencia del Tribunal Constitucional
Plurinacional de Bolivia, de 20 de septiembre de 2012, en la cual se declaró
inconstitucional el delito de desacato. El Tribunal Constitucional resolvió que
el artículo 162 del Código Penal, que establecía
pena de privación de la libertad de 1 mes a 2 años para quien por cualquier
medio injuriare, calumniare o difamare a un funcionario público, afectaba de
manera desproporcionada el derecho a la libertad de expresión, creaba una
situación inconstitucional de desigualdad entre funcionarios y ciudadanos, y
era incompatible con los compromisos internacionales del Estado boliviano en
materia de derechos humanos. Asimismo, enfatizó que los funcionarios públicos
deben ser objeto de una fiscalización especial y amplia, que permita un debate
vigoroso sobre asuntos de relevancia pública. El Tribunal Constitucional
reiteró el carácter vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y citó la doctrina del sistema interamericano en materia de
libertad de expresión, incluyendo el Informe sobre la Compatibilidad entre las
Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, publicado
por la CIDH en 1994, el Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión, incluido en el Informe anual de 2011 de la CIDH, y la Sentencia de
la Corte Interamericana en el caso Herrera
Ulloa Vs. Costa Rica de 2004. Para la Relatoría Especial, la sentencia mencionada constituye un
avance ejemplar en materia de libertad de expresión y resalta la importancia de
adecuar las legislaciones nacionales a los estándares internacionales en la
materia.
B. Agresiones
y amenazas
2.
La Relatoría Especial fue informada sobre un
atentado ocurrido el 29 de octubre contra la emisora
Radio Popular en Yacuiba, en el cual
cuatro sujetos habrían utilizado gasolina para prender fuego a las
instalaciones. El periodista Fernando Vidal, quien conducía su programa en el
momento del atentado, y la técnica Karen Arce habrían sufrido quemaduras graves
y habrían sido hospitalizados. De acuerdo con información recibida, el Gobierno
de Bolivia condenó el ataque e inició una investigación; la policía habría
detenido a tres de los presuntos autores materiales del atentado.
3.
La Relatoría Especial recibió información
concerniente a un ataque que habrían sufrido la Radio Comunitaria de Yapacaní y el Canal 8, el 14 de noviembre de 2011. De acuerdo con lo informado,
un grupo de manifestantes habrían entrado por la fuerza a la emisora y el canal
de televisión, destruido el mobiliario y robado computadoras y equipos. Días
antes del ataque, la radio habría emitido entrevistas con habitantes de
Yapacaní que criticaban al alcalde.
4.
De acuerdo con información recibida, el 12 de enero
de 2012 presuntos miembros de la Policía habrían golpeado al camarógrafo Jorge
Córdoba de Canal 13 Salesiano y lo
habrían despojado de sus equipos de trabajo, mientras cubría un disturbio
originado en una disputa municipal en Yapacaní, Santa Cruz. En el mismo
incidente la Policía habría arrebatado la grabadora al periodista Fanor Villarroel,
de Radio Omega. El 30 de enero, marchistas de organizaciones indígenas y campesinas se
habrían enfrentado con la Policía al intentar entrar a la Plaza Murillo de La
Paz y habrían lanzado piedras y palos con los cuales habrían herido a varios
policías, a la periodista Helga Velasco, a los camarógrafos Carlos Saavedra y Alejandro
Estívariz, y al fotógrafo Miguel Carrasco.
5.
El
4 de febrero, dos policías y un guardia privado que se encontrarían en estado
de embriaguez habrían perseguido y amenazado al sacerdote Juan Carlos
Ferrufino, director de Radio Esperanza
en Aiquile, Cochabamba. Además de atacar al sacerdote habrían herido de bala a
otras tres personas. El hecho fue condenado por el Gobierno y al menos dos
sospechosos habrían sido detenidos[6].
Además, según información recibida, el 16 de febrero el camarógrafo de Bolivia TV, Nelson Escalante, habría sido expulsado por la fuerza de una reunión de
seguidores del gobernador suspendido del Beni, Ernesto Suárez. Adicionalmente,
el 22 de abril, un grupo de personas habría intervenido la emisora de radio Arrairru Sache en el municipio de San
Ignacio de Moxos y agredido al director, Gregorio Nuni. Según lo informado,
Nuni habría leído un comunicado de un grupo de manifestantes que se oponía a la
construcción de una carretera, y el Gobierno habría condenado la agresión y
anunciado la investigación de los hechos.
6.
La Relatoría tomó conocimiento de agresiones
ocurridas contra periodistas que cubrían un enfrentamiento entre policías,
médicos y estudiantes de medicina en La Paz. El 3 de mayo, el técnico de Red Uno, Abraham Pareja, habría
resultado herido cuando un proyectil de gas lacrimógeno presuntamente lanzado
por la policía atravesó el vidrio de su vehículo. El 16 de mayo, el camarógrafo de CNN
Bolivia, Cristián Rosendi, habría sido herido en la cara, el fotógrafo de
la Agencia de Noticias Fides, Gastón
Brito, habría sido herido en una pierna y la periodista Carolina Ulloa de la
cadena Unitel se habría desmayado por
la inhalación de gases lacrimógenos.
7.
De acuerdo con información recibida, el editor del
periódico Página Siete, Marcelo
Tedesqui, habría recibido amenazas contra su familia a través de llamadas
telefónicas en el mes de mayo. Las amenazas vendrían después de publicar una
serie de artículos acerca del presunto ingreso irregular de decenas de cadetes
a la Academia Nacional de Policías.
8.
Según reportaron diversas organizaciones, durante
las protestas protagonizadas por policías a fines de junio de 2012, habrían
resultado agredidos varios periodistas. Así por ejemplo, los días 22 y 23 de
junio, policías que participaban de las protestas habrían impedido cumplir con
su trabajo a periodistas de Bolivia TV.
El 25 de junio habría sido golpeada en La Paz la periodista de la Radio Patria Nueva, Helen San Román, y
en Oruro la periodista Irene Tórrez, de la Red
PAT.
9.
La Relatoría Especial recibió información sobre una
serie de atentados contra radioemisoras comunitarias en Bolivia. El 14 de junio
artefactos explosivos habrían estallado en las emisoras Radio Vanguardia y Radio
Cumbre, en la localidad de Colquiri en el contexto de un conflicto entre
grupos mineros. El 26 de junio, una explosión habría dañado la antena de transmisión
de la estación comunitaria Radio Emisora
Bolivia, en Oruro, que emite programación crítica acerca de las necesidades
de la población campesina. La emisora quedó temporalmente fuera de servicio. Adicionalmente, el 26 de agosto, la emisora FM Comunitaria de
Buenavista, Santa Cruz, habría sido intervenida por un grupo de personas
que presuntamente golpearon al radiolocutor, Hugo Rojas y sustrajeron equipos
de comunicación.
10.
La Relatoría fue
informada de la detención del camarógrafo de Fides TV, Alejandro Estívariz, el 14 de agosto cuando cubría una
protesta de los operadores de limpieza en La Paz. Según lo informado, Estívariz
habría sido detenido durante dos horas en el Comando de Conciliación de la
Familia por presuntamente haber
filmado a efectivos de la policía. Antes de permitir su salida, un coronel de
la policía le habría avisado que en tanto “hubo agresión entre partes” el hecho
“quedar[ía] como antecedente” para Estívariz.
11.
El periodista Jimmy Arias
y el camarógrafo Johnny Callapa, del canal estatal Bolivia TV, habrían sido
retenidos el 18 de agosto cuando hacían una cobertura noticiosa en el
Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). De acuerdo con
la información recibida, un grupo de personas, que se oponía a una consulta
popular acerca de la construcción de una carretera, habría impedido a los
comunicadores abordar la aeronave que los regresaría a la ciudad, y los habría
amenazado y retenido hasta que otras personas les ayudaron a escapar. Adicionalmente, el 9 de octubre, miembros de
la fuerza pública habrían hostigado al equipo periodístico de la Cadena A y
decomisado temporalmente el material grabado, cuando reportaban sobre un
operativo militar en Challapata, departamento de Oruro.
12.
Según información
recibida, el 11 de octubre, una bala impactó la casa del periodista Humberto Vacaflor Ganam, en Tarija. Vacaflor, denunció que esta era la
segunda vez en dos años que desconocidos disparan contra su vivienda. El 13 de octubre, el editor y dueño de El Sol de Pando, Wilson García Mérida, y Silvia Antelo, gerente de
la misma publicación, habrían buscado refugio durante algunos días, en
Brasilea, ciudad fronteriza de la República de Brasil después de ser acosados
por algunas personas que habrían manifestado su intención de detenerlos, en
ejercicio de su autoridad pública. La Relatoría Especial asimismo
fue informada sobre el ataque violento contra Ghilka Sanabria, editora de El
Diario, ocurrido el 5 de noviembre, en el que un agresor habría golpeado su
cabeza contra una pared cuando ella salía de su oficina.
13.
El
Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la
CIDH, aprobada en el año 2000, establece que “[e]l
asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así
como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos
fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es
deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus
autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
C. Responsabilidades
ulteriores
14.
El
4 de marzo, el Juzgado Tercero de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz
condenó al periodista Rogelio Vicente Peláez Justiniano a dos años y seis meses
de prisión, con ejecución condicional de la pena, al encontrarlo responsable de
los delitos de difamación, calumnia y propagación de ofensas en perjuicio de
Waldo Molina Gutiérrez, y lo absolvió del delito de injuria. El caso se habría
originado en un artículo publicado en abril de 2010, en la revista mensual Larga Vista, dirigida por Peláez
Justiniano, que cuestionaba el monto de los honorarios recibidos por el señor
Molina como abogado del Comité Nacional de Defensa de los Aportes al Fondo de
Retiro del Empleado Público. A la vez, el acusado habría optado por ser juzgado
ante la justicia ordinaria y no mediante la Ley de Imprenta.
15.
La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la
demanda penal presentada contra dos periódicos y una agencia de noticias por el
delito de Difusión e Incitación al Racismo o a la Discriminación, tipificado en
el artículo 23 de la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. De
acuerdo con lo informado, el Ministerio de la Presidencia habría presentado una
querella a finales de agosto con base en una información de la Agencia de
Noticias Fides (ANF) y los periódicos Página
Siete y El Diario que, según las
autoridades, habría distorsionado y descontextualizado una afirmación del
Presidente en la que comentaba sobre la pobreza en los sectores rurales de las
regiones del Altiplano y del Oriente. Según el Ministerio de Comunicación,
durante un discurso pronunciado en Tiahuanacu en la mañana del 15 de agosto, el
Presidente dijo: “Sólo por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no
podemos tener alimento, mientras en el Altiplano es diferente si hay helada, si
no hay lluvia, si hay granizada, no hay alimento, es una verdad eso. Pero en el
Oriente no, sólo por flojos podemos hambrear, pero sí hay algunos programas que
nos permiten mas bien mejorar nuestra economía, que mejor garantía”. La
declaración del Presidente habría causado reacciones de molestia entre
autoridades del Oriente. En la noche de ese día, la ANF habría distribuido
entre sus abonados una información complementaria titulada “Evo dice que si se
hambrea en el oriente es por flojera”. Al día siguiente Página Siete
tituló: “Evo acusa de flojos a los habitantes del oriente”, y El Diario
anunciaba: “Morales opina que el oriental es flojo y le critican por
discriminador”. El Gobierno calificó esas tres publicaciones como
“tergiversadas, distorsionadas y descontextualizadas” y presentó la demanda por
violación de la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.
16.
Según información recibida, el Senador Roger Pinto
se encontraría en la embajada de Brasil en La Paz, desde el 28 de mayo de 2012,
en razón a que éste país le habría otorgado asilo político. Al parecer Pinto
enfrenta, entre otras, múltiples denuncias por desacato por sus afirmaciones
sobre funcionarios públicos.
17.
Según
el Principio 11 de la Declaración de Principios de la CIDH, “[l]os funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte
de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a
funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan
contra la libertad de expresión y el derecho a la información”. Adicionalmente,
el Principio 10 establece que “[l]as leyes de privacidad no deben inhibir ni
restringir la investigación y difusión de información de interés público. La
protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones
civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o
persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos
de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de
las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno
conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con
manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.
D. Declaraciones estigmatizantes
18.
La Relatoría tuvo conocimiento de declaraciones que
habrían sido realizadas por el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy
Fernández, durante un acto oficial el 1 de septiembre, contra el periódico El Deber. Según la denuncia pública
formulada por organizaciones que defienden la libertad de expresión, el alcalde
se habría referido a presuntos intentos por parte del periódico de lograr su
destitución e indicó que “[l]o tumbaremos algún día […] No sé si se van a ir
directamente a dos metros bajo tierra o si se van a ir no más a su casa, pero
algo les va a pasar, no?, que no lloren que no es amenaza, es conversación no
más”.
19.
Adicionalmente, según lo informado, el
Vicepresidente de Bolivia, durante su intervención en la reunión de la Unión
Latinoamericana de Agencias de Noticias el 19 de julio, habría afirmado que
algunos medios de comunicación inventan “conflictos” y tienen actitudes
“golpistas”.
E. Otras situaciones
20.
En el mes de febrero, el
director del Canal 21, Mauricio Noya, y el periodista Edward Aima fueron convocados para
declarar ante la Fiscalía de
Sustancias Controladas sobre un reportaje que hicieron sobre la producción de
narcóticos en Valle de Satja. El Fiscal de Chimoré, Marco Antonio Gálvez,
habría sugerido que se estaba investigando la presunta omisión de los
periodistas de denunciar los hechos ilícitos que descubrieron durante el
reportaje. Los periodistas habrían negado revelar información sobre sus fuentes
con base en la Ley de Imprenta, la cual protege la reserva de las fuentes
periodísticas. Posteriormente, la Fiscalía anunció que los periodistas no eran
objeto de ninguna investigación o proceso judicial.
21.
El 20 de noviembre, el canal 33: Somos
Bolívar Televisión (STV) en Cochabamba fue allanado por funcionarios de la
Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones (ATT) y de la Policía Nacional con
base en una orden judicial por presunto uso indebido de su banda de frecuencia
para fines distintos a los permitidos en su concesión. Las autoridades habrían decomisado equipos de transmisión con base en
una orden judicial emitida en el contexto del procedimiento sancionatorio
iniciado contra el canal. Los periodistas del canal habrían denunciado el uso
excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y señalado que los hechos
podrían relacionarse con su cobertura crítica de ciertos temas de actualidad.
