No a la censura gubernamental

Daniel Castro Saavedra
Asociación de Periodistas de Santa Cruz

Muy criticado fue el presidente, Evo Morales, luego de la agresión que realizará a un grupo de reporteros que intentó entrevistarlo, luego de su reunión con la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. “Parecen una granja de pollos”, les dijo el Mandatario, sumando un nuevo ataque a los comunicadores y a los medios de prensa a quienes también ha calificado de sus enemigos por criticar su gestión y, según dice, ocupar el rol político de la oposición, o al menos hacerse eco de los comentarios vertidos por sus adversarios.

La tortuosa relación con los medios bolivianos (no así con las cadenas extranjeras y periodistas foráneos que ingresan a Palacio “como pancho por su casa”) comenzó a los pocos días de haber asumido la presidencia y luego de casi cuatro años de gestión, continúa al punto de señalar que también les quiere “enseñar” el oficio. Hasta se ha amenazado desde esferas oficialistas, que se hará un empadronamiento de los periodistas porque muchos ejercen el oficio sin ser periodistas.
Ante tamaña desfachatez, tengo dos comentarios. Primero, una acción de este tipo en coordinación con las instituciones que aglutinan a los profesionales de la comunicación, trabajadores de la prensa y las empresas periodísticas, ayudaría a mejorar los recursos humanos que ejercen el periodismo en Bolivia y evitaría así que cualquier improvisado asuma el rol de periodista sin ningún aval académico, ni afiliación gremial o profesional. Ese es un tema ampliamente debatido entre las asociaciones de periodistas y los sindicalizados que han intentado vía afiliación o con un tribunal de ética frenar el bastardeo de tan noble oficio.

Es una tarea pendiente que está en agenda de las instituciones periodísticas y no necesita de la mano política para que se resuelva.
Por otro lado, esta tensa relación que mantiene el Poder Ejecutivo con los medios y los periodistas, sólo puede tener un propósito: cercenar la libertad de expresión, la libertad de trabajo y la libertad de prensa. Amedrentar al medio y al trabajador de la prensa para que entre en pánico e inicie el peligroso camino de la autocensura que es en definitiva la más brutal de las torturas porque se desarrolla como un cáncer al interior de la persona, desgastando al individuo y sometiéndolo al silencio cómplice, que le garantiza la impunidad al opresor.
Colijo estas afirmaciones ante la falta de tolerancia de este gobierno a las críticas a su gestión y porque Morales y sus seguidores ignoran a los medios locales. Evo no acepta ser entrevistado por medios bolivianos y sólo permite que cubran sus actos proselitistas para después retirarse sin acceder a ningún requerimiento periodístico.

La excesiva seguridad hace infranqueable el acceso en recintos oficiales y en sus giras, son sus seguidores quienes deciden quién entra y quién no.
El Ejecutivo tiene garantizada la cobertura con la prensa oficialista a través de los medios del Estado, que ahora son del MAS. Tiene a la quebrada televisión boliviana, la agencia ABI, la red Patria Nueva y radios comunitarias, así como el periódico “Cambio” y el apoyo de otras cadenas radiales afines con la visión ideológica, que pertenecen a la Iglesia. Semejante cobertura no es suficiente para este gobierno y arremete contra la prensa independiente, catalogándola de opositora y ubicándola junto con sus adversarios políticos.

Lejos, muy lejos ha quedado el Evo que se refugiaba en la prensa para que le garantice el derecho a la libre expresión que ahora cuestiona y quiere cercenar. De esta manera rompió con una relación amistosa que mantuvo con los periodistas con quienes se comunicaba permanentemente cuando era dirigente cocalero o parlamentario de la oposición. Allí no sólo se valió de los medios de comunicación, sino que hasta levantaba su voz de protesta cuando el oficialismo de la época intentaba afectar la libertad de expresión, intentos que nunca pasaron de un hecho aislado y producto de la molestia de algún funcionario afectado.

Es en este gobierno que por primera vez en 26 años de democracia que institucionalmente el Poder Ejecutivo junto al MAS atacan la libertad de prensa y la libertad de expresión y eso es inaceptable en un estado de derecho.