10.17.2008

EL NUEVO ESTADO BOLIVIANO Y EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBRE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

1. Antecedentes

Los cambios estructurales del Estado Boliviano son inevitables. Aunque las agendas propuestas por el Presidente, las organizaciones sociales y los movimientos cívicos no sean las mismas.

Refundar el país es algo serio para la vida de los ciudadanos, porque debemos cambiar en forma total, un elemento esencial del Estado: La Constitución Política del Estado. Los otros dos elementos, Territorio y Población, pueden ser variables pero no se pueden cambiar definitivamente.

El Estado de antes, el nacido el año 1825, definió una columna vertebral de ejercicio del poder: Soberanía, y Unitarismo a través de los tres poderes, derechos y deberes y organización estructural bajo el principio Gobiernos Nacionales con plenos poderes, incluido el poder sobre la información.

El Estado de hoy, nos plantea una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar. Histórica, porque se debe cambiar esa columna vertebral de administración y la nueva conformación no solo de los tres poderes y los órganos del Estado, sino del establecimiento de los derechos fundamentales como derechos inherentes a la vida misma del hombre, dentro del concepto de Estado: La sociedad políticamente organizada.

El ciudadano y sus organizaciones sienten que se pretende coartar su derecho a la información como un derecho fundamental. Al no tener acceso a una información sobre la vida misma del Estado y su administración pública, nace una conciencia contraria al pacto social, que no es otra que la renuncia a los intereses individuales para entregarse a la colectividad. En la actualidad existe una desconfianza plena sobre el Estado, producto de las permanentes agresiones a la libertad de expresión y a quienes ejercen dicho servicio público

Sería muy catastrófico, que ante el fracaso de la Asamblea Constituyente, los cambios sean un retroceso del Estado para cambiar la vida de los ciudadanos. La información como derecho fundamental recuperará la confianza en los ciudadanos con sus instituciones y con el poder político y económico.
Como puede sustentarse un Estado sin confianza, sin representación y sin información?. Por ello es fundamental que el nuevo pacto social, reflejado en la Constitución, exprese la forma, consolide la independencia del trabajo de prensa y el acceso a la información y la libertad de expresión como un derecho fundamental.

2. Derechos fundamentales

Las normas constitucionales tienen aplicación en la sociedad, quiere decir que lo que se norma es la convivencia social, es en este sentido que los preceptos constitucionales presiden la organización del Estado y el ejercicio de los poderes que desarrollan las funciones capitales del Estado.

El derecho a la libertad de expresión, de información o de prensa, es la cualidad por la cual el hombre adquiere conciencia, es decir toma conocimiento de aquello que le rodea y existe en si mismo. No es otra cosa, que la facultad que tiene toda persona para exteriorizar sus ideas y conceptos para comunicarlos a sus semejantes.

Por ello, en la vida pública del Estado el derecho a la información y la libertad de expresión deben ser reconocidos como un derecho fundamental de la persona para tomar conocimiento pleno de la administración del Estado.

La actual Constitución, establece como derecho fundamental la emisión libre de ideas y de opinión, sin embargo no lo establece como derecho fundamental, el derecho a ser informado, de expresión por los medios de comunicación y por los poderes públicos sobre el Estado que le pertenece.

Con ello se garantizaría con mayor eficacia la libertad de expresión y el derecho a recibir información, y sería regulado y/o autoregulado por quienes ejercen el trabajo de información y no estar supeditado al arbitrio del poder político de turno.

La libertad de información se entiende como la potestad de la prensa para llegar hasta las fuentes más diversas en las que se pueda adquirir informes sobre los sucesos, los hechos, los actos o las personas de carácter público o que tengan importancia pública, sin que estas les sean negadas u objetadas.

Por lo tanto, el Estado debe consolidar el derecho a la información, la libertad de expresión y la libertad de prensa como un derecho fundamental y debe estar en la primera parte junto a las bases fundamentales del Estado, los derechos, deberes y garantías.

3. Derecho Político Universal a la Información como Derecho Fundamental

La importancia de incluir la información como un derecho fundamental, sin intervenciones por parte de los gobierno de turno, radica en dos elementos: Primero: La desconfianza del ciudadano en la administración del Estado (política) y Segundo: La liberación del mercado que afecta el ejercicio pleno de la información, la expresión y la democratización de los medios (economía)

Dentro de la pirámide Kelseniana, hay que reconocer constitucionalmente los mecanismos que garantizan los derechos políticos de categoría universal como ser: Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano, Declaración Universal de los Derechos Humanos, y las garantías contenidas en las Leyes de Imprenta y normas sectoriales, incluidos los mecanismos de control de la sociedad civil.

a) La Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones de 1946, establece: La libertad de información es un derecho humano fundamental y la base de todas las libertades a las cuales están consagradas las Naciones Unidas.

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 define: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión, de buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio sin tener en cuenta las fronteras.

Si todos los seres humanos tienen el derecho de comunicarse, todos los seres humanos tienen a su libre disposición una serie adecuada de opciones significativas para comunicarse, así como un acceso apropiado a las fuentes de información.

Entonces nos preguntamos? Existiría un derecho de información con intervención gubernamental, que sea adecuado a los ciudadanos sobre la vida del Estado siendo parte y propietarios del mismo, y que se administra por mandato de los propios ciudadanos? Así como se encuentran descritos como derechos fundamentales la propiedad privada, el trabajo, asociación y otros, no debería ser considerado el derecho a la información y la libertad de expresión un derecho fundamental de todo ciudadano?

b) La Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en su artículo 15 establece: la sociedad tiene el derecho de pedir cuentas de su administración a todo agente público.

Bolivia ha sido administrada por largos años bajo administración dictatorial, lo que no ha facilitado un proceso de cultura de respeto a los derechos fundamentales, incluido el de información.

Por las características que hoy posee nuestra democracia los derechos fundamentales persisten siendo desconocidos, aunque hay que reconocer que existen otros instrumentos y medios de defensa de estos derechos, como la ley de imprenta, la creación del Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional, que ahora se encuentran pisoteados por la gestión gubernamental.

Cualquier intervención o relación entre el instrumento generador del derecho a la información (medios) y el poder político, desnaturaliza la esencia del derecho de información como un derecho fundamental de los ciudadanos y debilita también el derecho a la libertad de expresión.

En la práctica muchas veces se desconoce que el derecho fundamental a la información es un valor democrático, y no un instrumento de mercancía económica y política.

c) El artículo 7 inciso b) de nuestra Constitución vigente, establece como derecho fundamental, que toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, por cualquier medio de comunicación. El contexto se refiere al ejercicio de la información.

Sin embargo dicho articulado es insuficiente para determinar el derecho fundamental a que todo ciudadano, sin distinción de ninguna naturaleza, reciba la información como un derecho fundamental, por la vía de quienes realizan el ejercicio de la información, ya sea, mediante los poderes públicos y los medios de comunicación.

El Estado en la futura constitución, debe garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el derecho a la información a través de los medios de comunicación y de los poderes públicos legalmente constituidos.

Resulta paradójico, que quienes tengan que ser responsables en la información, (los medios-los trabajadores de la prensa) sean los responsables en su principio de autorregulación, los que tengan que organizarse para defender los derechos de los ciudadanos a la información.

Es así que el Código de Ética de las instituciones que aglutinan a los periodistas y trabajadores de la prensa en asociaciones y sindicatos, establecen la defensa de la libertad de expresión e información. Y manifiestan que: Los periodistas evitarán por todos los medios que se dicten disposiciones que anulen o censuren el ejercicio de la libertad de expresión e información. Defender el derecho del pueblo a ser informado oportuna y verazmente.

4. Conclusiones.

La actual situación política del Estado, nos permite realizar las siguientes conclusiones de dirección conceptual, a objeto de considerar la exclusión del Art. 108-II del proyecto de Constitución del Gobierno Nacional, e incluir el derecho a la información y la libertad de expresión como un derecho fundamental:

Primero
Todo proyecto de constitución, como un nuevo pacto social, es una necesidad histórica, cuyo objetivo debe interpretar los cambios legítimos de todos los ciudadanos sin exclusión, para posibilitar el camino cuyo objetivo sea cambiar y mejorar la vida de los ciudadanos.

La democracia participativa, la institucionalidad, el equilibrio de los poderes, los derechos fundamentales y la libertad de expresión sin intervención gubernamental, son algunos de los resultados que conllevará la ejecución del proceso de cambio.

Segundo
Los mecanismos constitucionales sobre la participación de la sociedad civil y sus organizaciones, a través del derecho de los ciudadanos a la información mediante los medios de comunicación, deben ser incluidos en la parte dogmática de la futura constitución, como un derecho fundamental.

Debiendo excluirse del Artículo 108 del proyecto de constitución gubernamental el parágrafo II, por mediante esa norma se pretende consolidar el intervencionismo de los gobiernos de turno dejando librado al calor político la libertad de expresión, derecho a la información y la libertad de prensa.

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES UN DERECHO FUNDAMENTAL Y NO UNA DÁDIVA DE LOS POLÍTICOS DE TURNO

LA LIBERTAD DE PRENSA GARANTIZA LA PLURALIDAD INFORMATIVA
EL DERECHO A LA INFORMACIÓN ES UN DERECHO FUNDAMENTAL.

¿Proteger y servir a la comunidad?

El martes 19 de agosto pasado, en el Plan Tres Mil, grupos de choque del Movimiento Al Socialismo (MAS) agredieron a periodistas que cubrían un enfrentamiento de los afines al Gobierno contra elementos pro autonomía. El Deber publicó fotografías en el que aparece el camarógrafo de Megavisión Iver Justiniano atacado a palos por un sujeto. Los periodistas agredidos sentaron denuncia, pero el agresor no fue identificado. Ayer, la red Unitel mostró que el responsable del abuso es un policía en servicio activo. Se trata del cabo Leytón, que fue reconocido por el comandante de la Policía, Franz Lea Plaza, y que forma parte del Batallón de Seguridad Física.

Leytón fue encontrado ayer en la mañana en su puesto de trabajo en el Batallón. Cuando se le consultó si era él (vestido de civil) la persona que aparece en la fotografía golpeando con un palo al camarógrafo, lo negó. Por la tarde Leytón de nuevo fue abordado por los periodistas en su puesto de trabajo. Y como horas antes ya había sido reconocido por su mismo comandante, no le quedó otra que admitir que era el agresor.

Nervioso, el policía declaró que ese día ‘la euforia’ lo motivó a atacara a la gente de prensa, pero aseguró que se encuentra arrepentido. “Le pido disculpas al joven, él es mi amigo. Hace tiempo que quería buscarlo para pedirle disculpas”, manifestó.
Ayer, los medios de comunicación consultaron la opinión del comandante de la Policía, Franz Lea Plaza, sobre el tema. Por la mañana el jefe policial trató de minimizar el hecho al indicar que el oficial no estaba de servicio cuando cometió la agresión por lo que esa actitud personal no daña la institución. Agregó que el suceso ocurrió antes de que él asumiera el cargo de comandante. Por la tarde Lea Plaza volvió a referirse al tema, para informar de que se iba a iniciar un proceso interno a Leytón. Aseguró que el policía no fue enviado al lugar para agredir a nadie y que desconoce por qué nadie lo identificó antes para aplicarle las sanciones de ley.

También por la tarde, el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, Hernán Cabrera, pidió la ampliación de querella contra dicho agente por los delitos de lesiones graves, gravísimas, atentado al derecho al trabajo y a la libertad de expresión. La querella fue presentada en la Felcc del Plan Tres Mil. Cabrera lamentó que sea un policía el agresor de periodistas cuando su misión es resguardar el orden y exhortó al comandante a que entregue al cabo a la justicia para facilitar la investigación y acabar con los abusos contra la prensa.

Ahora la Policía debe explicar por qué Leytón estaba de civil en un día laboral y en horario de trabajo, y por qué fue transferido de lugar de trabajo cuando vieron que los periodistas de Unitel lo buscaban.

Fuente: El Deber

Periodistas piden garantías para ejercer la libertad de expresión

Una marcha integrada por trabajadores de la prensa, llegaron hasta la plaza 24 de Septiembre, donde ratificaron su protesta contra los intentos de acallar a la libre expresión y prensa, además en apoyo a los periodistas que se nos estarían ejerciendo sus funciones en la región de Pando. En el recorrido, desde la Federación de la Prensa hasta el centro cruceño, los trabajadores de la prensa, resaltaron que actualmente no hay estado de derecho para el ejercicio periodístico en el país, en relación a la detención de un comentarista político.

Resaltaron que estas expresiones de protesta, son para dejar como constancia que la libertad de expresión es la herramienta básica de la democracia, fueron convocados para este tipo de manifestaciones. Al respecto, los periodistas de diferentes medios de comunicación que participaron en la marcha, resaltaron que este Gobierno afirmó que la libertad de expresión está en riesgo, además que es el cuarto poder del estado. “El periodista es aquella persona que lleva la información al pueblo, que denuncia la corrupción y los hechos irregulares de cualquier Gobierno”, manifestó Hernán Cabrera, ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa.

El periodista que fue detenido en Riberalta, Jorge Melgar, debía realizar su declaración ampliatoria ayer en La Paz, sin embargo su audiencia se suspendió para esta jornada. En su oportunidad, el comentarista beniano, dijo su verdad después de 24 horas de haber sido arrestado, “hubo violencia, anteriormente fui trasladado a Cobija y en un avión me trasladaron acá, a La Paz, lo único que he hecho fue manifestar en mi programación por radio y televisión, la verdad de lo que sucedió, mostrarle a Bolivia y al mundo”, resaltó Melgar, mientras ingresaba a empujones.

Mientras que los periodistas marchaban exigiendo el respeto a la libertad de prensa y expresión, el subjefe de la bancada en diputados del MAS, Jorge Silva, pidió a la Asociación de Periodistas depurar a personas infiltradas de este gremio, puesto que desde los micrófonos, existen algunos que incitan a la violencia, terrorismo, toma de instituciones públicas y racismo.
Fuente: El Mundo

Amordazaron a periodista que denunció "plan del Gobierno"

Jorge Melgar, periodista que conducía una revista informativa en Canal 18, "Televisión del Norte", en Riberalta, Beni, fue detenido la madrugada de ayer de manera abrupta por personeros del gobierno y presuntamente por oficiales venezolanos. De acuerdo al hijo del periodista secuestrado y presidente de la Unión Juvenil de Riberalta, Percy Melgar, al promediar las cuatro de la madrugada de este lunes, un grupo de personas, encapuchadas, amordazaron a sus familiares, inclusive a dos infantes para impedir que los vecinos escuchen los llantos de los niños (9 meses y 1 año y medio). "Avasallaron por los canchones vecinos, son venezolanos porque cuando entraron a mi casa, estaban buscando a dos personas, inclusive habían dos taxistas de Riberalta, porque ninguno de los dos lo conocían, ni a mi persona, ni a mi padre, en el momento que ingresaron estos riberalteños, judas en otras palabras", manifestó Melgar hijo, resaltando que solo identificaron al "Macarena".

Agregaron que los encapuchados, eran un numero superior a los cinco efectivos, en el que ingresaron de manera brutal, sacándolo en ropa interior, y en el momento que lo detenían no lograron identificar claramente el acento de los encapuchados. El presidente de la UJR, resaltó que su padre intentó huir al otro canchón, pero que los 'efectivos' estaban armados con metralletas, "tenían poncho como para salir en tiempos de lluvia, fue amarrado y sacado como un chancho, por eso denuncio a nivel nacional que la prensa debe ser la primera en esclarecer este caso, porque mañana podría ser cualquier otro miembro de la prensa", insistió.

Para los familiares del periodista Melgar, la falta que él hubiera cometido como para detenerlo fue hablar con la verdad de lo que paso en Pando, de denunciar a través de su programa matinal, quienes serían los verdaderos responsables de la masacre del 11 de septiembre en Cobija, El Porvenir y Filadelfia, plan que estaría siendo encabezado por el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana. "Están haciendo una cosa injusta contra un hombre que le dio trabajo a la gente pandina, que lo estén denigrando como lo esta haciendo a Juan Ramón Quintana, eso no le pareció a mi padre y lo investigó hasta el fondo", manifestó Melgar hijo.

Así mismo, insistió en que en medio de las detenciones, se logró identificar a dos vehículos de Umopar, los mismos que estarían trabajando en complicidad con las detenciones, contra los activistas. Para el gobierno nacional, a través del viceministro de Régimen interior y policía, Rubén Gamarra, fue la policía quien aprehendió acompañados de una orden fiscal, al activista político, puesto que seria investigado por los delitos de terrorismo y atentado contra la seguridad de los bienes del Estado. "La Policía ejecutó un mandamiento de aprehensión en la ciudad de Riberalta contra Jorge Melgar, quien es acusado de incitar y dirigir acciones violentas de carácter terrorista", señaló la autoridad, además agregó que tiene antecedentes penales y no está afiliado a ninguna organización de la prensa del país.

Melgar fue trasladado hasta la ciudad de La Paz y prestará su declaración informativa ante una comisión que investiga los actos de terrorismo. Desde Riberalta en sus programas de emisión matinal, Melgar pedía a la comisión internacional, además de los diputados, que se acerquen a la localidad para investigar sobre los luctuosos hechos que marcaron la historia del país.

PERFIL
Jorge Melgar Quette (Macarena) 62 años Casado, (7 varones y 4 mujeres). Dedicado al periodismo hace 8 años.
Programa de difusión en Riberalta, Beni. (La revista tiene dos horas diarias de difusión, en diferentes oportunidades transmitió declaraciones de los familiares de los campesinos que fueron a un supuesto Congreso de campesinos a Pando).

Melgar reveló nombres de los que instigaron desde Beni contra Pando
El pasado jueves, un medio de comunicación de Santa Cruz, televisión Universitaria, logró contactarse por ultima vez de manera pública con el periodista, Jorge Melgar, que fue detenido la madrugada de ayer. De acuerdo al periodista de Canal U, Mílton Montero, la entrevista se la realizó la anterior semana, puesto que ya temía por su seguridad constitucional, en la nota Melgar dio a conocer sobre la situación por la cual estaría atravesando la localidad vecina de Pando, Riberalta, además fue el único periodista que tomó las imágenes cuando el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana habría anunciado la caída del "imperio Fernández" con una serie de adjetivos, además de la colocación de un epitafio en su tumba.

Melgar cuestionó la participación de las comisiones de derechos humanos, puesto que solo llegaron hasta Cobija, pero no hicieron nada, resaltó que a través de su programa insistió que la comisión llegue hasta Riberalta para levantar datos y declaraciones de los familiares de aquellos campesinos que fueron trasladados hasta Pando, para participar supuestamente de un congreso de campesinos. "Fue acá donde se organizó, se dio dinero para que se organicen, los líderes están en Riberalta, están los representantes de Madre de Dios y Federico Roman, incluyen a dirigentes zafreros y otros que son militantes del MAS, entre ellos Iver Maguayo y Javier Peñaranda, (...)el autor intelectual y material, es su patrón, es Quintana y el diputado del MAS, Miguel Chávez, en la investigación tiene que ampliarse más y se va a saber la verdad, acá están las pruebas", enfatizó Melgar.

Así mismo, resaltó que los familiares de las víctimas que fueron llevados a Cobija, se les mintieron y engañaron, puesto que a algunos les entregaban de a Bs. 40 hasta mas de 150, además de algunos productos de la canasta familiar. Además denunció resguardo de militares en las fronteras a Riberalta.

Fuente: El Mundo

10.06.2008

La SIP dice que Evo socavó la libertad de prensa en Bolivia

Madrid, La Paz / EFE, La Prensa.- Los "cada vez más frecuentes ataques verbales del Gobierno, especialmente del presidente Evo Morales, contra los periodistas, la prensa y sus propietarios han socavado la libertad de prensa y expresión en Bolivia en los anteriores meses. Así se puso de relieve en el informe sobre el país, presentado ayer ante la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que celebra estos días en Madrid su 64 Asamblea General.

El Gobierno, a través del vocero Iván Canelas, dijo que existe discrepancia con el organismo, ya que está formado por los propietarios de los medios de comunicación y no así por los periodistas. La SIP agrupa a medio millar de propietarios y directores de medios del mundo. Los ataques a la prensa, destaca el informe, "se intensificaron en la medida en que se deterioraba aún más la situación política, económica, social y regional, y la relación entre el poder constituido y opositores en cinco departamentos del país".

"El Gobierno ha avanzado significativamente en su propósito de controlar la información, especialmente en los sectores rurales y en vísperas de los referendos autonómicos efectuados desde el 4 de mayo, en Santa Cruz, hasta el 22 de junio, en Tarija". El propósito, según la SIP, era evitar que las poblaciones de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija "aprobaran sus estatutos autonómicos, después de que en otro referéndum anterior optaran por la autonomía de sus departamentos". El documento llamó la atención sobre el hecho de que para el referéndum revocatorio de los mandatos de presidente, vicepresidente y prefectos departamentales del 10 de agosto "el canal estatal de televisión instaló 20 repetidoras en todo el país para llegar a todos los rincones con la publicidad a favor del Gobierno".

"Las irregularidades consistieron en que el Gobierno, en la práctica, despojó de su carácter estatal a la Tv boliviana y a la red de radio emisoras Patria Nueva para ponerlas al servicio del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), se añadió. La SIP lamentó también que estas "campañas proselitistas" agudizaron los ataques contra medios y periodistas. "Inicialmente fueron grupos oficialistas los que atacaron a los medios privados y golpearon en reiteradas ocasiones a periodistas independientes". "Los ataques verbales del Gobierno a la prensa, que derivan casi siempre en agresiones de sus seguidores a periodistas y medios, son consecuencia de una presunta estrategia de, primero, desprestigiar a la prensa, para que después la sociedad no le crea", se afirmó.

Canelas aseguró que en el país se respeta la libertad de expresión y que todo el mundo tiene derecho de decir lo que quiera. En todo caso advirtió de que en ocasiones hay un libertinaje en este sentido. El informe de la SIP recuerda que el presidente Morales dijo en un discurso que la prensa miente y que por eso la población "no le ha de creer". Para la SIP, "el Gobierno se resiste a aceptar la crítica de los medios a sus acciones alejadas de la ley, y por eso no se cansa de señalar que la prensa es su enemiga". El informe documenta los casos de violencia contra profesionales de los medios, empezando por la brutal agresión que sufrió en marzo en Pucarani el periodista Carlos Quispe, quien murió dos días después, a manos de campesinos opositores al Alcalde de esa localidad que asaltaron las instalaciones de la Radio Municipal. "Las autoridades policiales y judiciales poco hicieron para dar con los autores del crimen".
A partir de esa fecha, añade, "por lo menos un centenar de periodistas de medios privados de prensa, radio y televisión fue blanco de diversos tipos de ataque".

Habla el Defensor
El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, recordó que toda democracia "permite que exista libertad de expresión y pensamiento, a la libertad de información" y por eso cualquier autoridad debe tener predisposición para tolerar la acción de la prensa. El problema es que el Gobierno no asume con tolerancia las críticas. "El desafío está en la autoridad, porque no vas a pretender que todos los medios te aplaudan, porque la subordinación no es sinónimo de libertad de prensa". Reconoció que algunos medios se muestran radicales contra el Gobierno, aunque los estatales sobredimensionan "las presuntas virtudes" del Ejecutivo.

La Asociación de la Prensa contó 206 ataques
El director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa, Javier Zeballos, coincidió con el informe del organismo internacional y aseguró que las palabras del Presidente han generado que algunos de sus seguidores agredan físicamente a periodistas y ataquen a medios de comunicación. Opinó que lo que busca el Primer Mandatario es restar credibilidad a los medios de comunicación, acusándolos de estar "al servicio de la Embajada de Estados Unidos", o indicar que son "sus enemigos, o que los periodistas estaban pagados". Agregó que de enero a septiembre de este año, la asociación ha contado 206 ataques y agresiones a trabajadores de la prensa y 54 acciones contra medios de comunicación. "Estos ataques han generado reacciones en los opositores (al Gobierno) que han buscado una especie de "revancha"con los medios estatales, canal 7, Red Patria Nueva y radio Aclo".

"Control social"
El "control social" contra los periodistas, consignado en el anteproyecto de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), comenzó a ser aplicado "de facto" al multiplicarse agresiones en todo el país, en medio de una batalla política de propaganda entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y los prefectos de la media luna (Santa Cruz, Pando, Tarija y Beni). Según el Observatorio Nacional de Medios (Onadem), entre el 1 de junio de 2007 y el 21 de agosto de este año se registraron 117 agresiones y 16 (13,6 por ciento) figuran como denunciadas a las instancias policiales y judiciales. En el lapso estudiado no se ha conocido ninguna sanción legal a los agresores.

El 24 de septiembre, en medio de la protesta de un grupo de estudiantes de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en las puertas de la cárcel de San Pedro contra el ex prefecto Leopoldo Fernández, dos oradores lanzaron una especie de proclama con la cual amenazaron a los periodistas. Parte de la arenga decía: "Con la nueva Constitución Política del Estado se cambiará la Ley de Imprenta de 1925, y con ella todas las prerrogativas de la prensa neoliberal y mentirosa" El texto constitucional con el que el presidente Evo Morales quiere "refundar" Bolivia establece en su artículo 108 que "la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad".

Otros artículos cuestionados son: el 107 (Comunicación Social), 236 (Acción popular) y el 242 (Participación y Control Social) y la octava parte, entre otros. El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Ronald Grebe, explicó que veracidad y responsabilidad son "principios éticos" que, al incorporarse a una constitución, "se convierten en jurídicos y sujetos de origen para leyes que coarten la libertad de expresión", no solo para los periodistas, sino para los ciudadanos. Grebe informó que se envió una carta a la mesa de dialogo en Cochabamba, donde solicitaron que eliminen los términos "veracidad y responsabilidad". Sin embargo, no se ha recibido respuesta alguna hasta la fecha.