Cada vez se hacen más ostensibles las intenciones del Gobierno de restringir al máximo el campo de las libertades de expresión en Bolivia, en el cual, como sabemos, las libertades de prensa e información, por su rol de orientación a la colectividad, ocupan lugar estelar.A las denuncias del ex vocero de la Presidencia de la República, se agrega ahora la exhortación del ministro de la Presidencia al sucesor de aquél, a que haga lo que su antecesor no supo o no pudo hacer: (porque más se dedicaba a la diversión que al trabajo, según el propio jefe del Estado) potenciar al máximo la influencia del sistema estatal de comunicación social (canal 7, radio Illimani) y todo un aparataje de radiodifusión que los venezolanos ayudarán a instalar en zonas rurales de todos los departamentos del país, a fin de arrinconar a los medios privados y lograr de este modo que la palabra gubernamental se imponga sobre la de los adversarios, dando fin con el pluralismo que en materia de comunicación social debe regir en toda democracia de verdad.
Ni aún con la asistencia de esos dioses andinos a los que el Gobierno honra con “milluchadas” en el hall del propio Palacio de Gobierno, Álex Contreras hubiese podido alcanzar semejante objetivo. En una democracia con pluralismo político e ideológico, los medios privados no comprometidos ni con el Gobierno ni con los partidos de la oposición, siempre le llevan la delantera a la comunicación estatal. En su independencia de ambos frentes radica la clave de su alto índice de credibilidad, como lo prueban las encuestas que se hacen sobre el tema.
No ocurre lo mismo con los medios estatales. Sólo inspiran dudas y desconfianza respecto a todo cuanto dicen y opinan, a causa de que todo el tiempo se dedican a las loas a los que gobiernan y al ataque a cuantos se congregan en la oposición.Sus campañas publicitarias en esta línea, sobre todo las televisivas, no hacen sino fortalecer el rechazo público. El Gobierno de Evo Morales ni remotamente entiende que en una democracia es absolutamente imposible congregar a la opinión pública en una sola dirección ideológica y política. Factores de tipo económico, social, cultural y hasta de simple percepción personal, determinan el carácter de caleidoscopio que siempre caracteriza a toda opinión pública en un pueblo que vive en libertad.
Circunstancias específicas hacen que algunas fajas tonales del muestrario sean más anchas que otras, como errores e incompetencias en la gestión gubernamental o el impacto que provoca una crisis no sólo en el ánimo de la gente, sino también en sus bolsillos. Para que un gobierno imponga su verdad, por lo menos a medias, le urge acogerse al sistema de monopolio estatal de los medios de comunicación social, clausurando a los privados, como lo hicieron Hitler o Mussolini en Alemania e Italia, respectivamente y lo hicieron también, hasta la caída del Muro de Berlìn los países integrantes del sistema socialista europeo, con la URSS a la cabeza.
¿En qué forma el Gobierno busca que el mensaje del sistema estatal de comunicación social se imponga al de los medios privados? Este objetivo es simplemente inalcanzable en el plano de la mera competencia. Así lo demuestra la casi nula influencia del sistema estatal de comunicación social en los procesos de formación de opinión pública sobre temas candentes de la actual crisis nacional. Solamente sus bien financiados ‘movimientos sociales’ acreditan cierta sensibilidad a cuanto dice y afirma el Gobierno sobre sus adversarios. Sobre el resto del pueblo estos mensajes carecen en absoluto de eficacia.
Sobran motivos para que los medios privados de comunicación social se mantengan alertas ante posibles atentados a sus derechos constitucionales a la información y la opinión. Sobre el particular se da ya un abultado cuadro indiciario que debería inducir al Legislativo a desenredar la madeja dejada por el ex vocero Contreras, investigando el asunto en el marco de sus atribuciones de fiscalización . La intolerancia hacia la prensa fue promovida por el propio jefe del Estado en declaraciones públicas contra los medios a los que catalogó como enemigos de su Gobierno por el sólo hecho de que le criticaban, como si hacerlo constituyera delito punible y no práctica normal en toda democracia que se precie de serlo.
Es lógico suponer que el plan contra los medios debe comprender acciones que todavía no han trascendido al conocimiento público. Se sospecha, por ejemplo, que exista todo un esquema para obligar a los medios a restringir en forma drástica la crítica al Gobierno en los espacios de opinión de los diarios. Al menos, es lo que denunciantes anónimos dan a conocer a través de Internet. Naturalmente que esto no va más allá del mero cotilleo electrónico, pero encaja en un contexto de extrema intolerancia gubernamental a los medios y la crítica, razón por la cual eso podría tener alguna aproximación a la verdad.
Ha llegado el momento de que medios de comunicación social y periodistas se pongan en guardia y de que, tanto el Legislativo como el Defensor del Pueblo, hagan lo suyo en resguardo de la vigencia plena de la libre expresión y los derechos de información y opinión.
* Editorial del periódico El Deber (07/04/08)
